El Tribunal Constitucional de Chile decidió ayer mantener el endurecimiento de los requisitos a violadores de derechos humanos que pidan libertad condicional. Para obtenerla, deberán tener cumplidos dos tercios de su condena, colaborado en el esclarecimiento de su crimen y hacer declaración condenatoria de su delito.
El dictamen representa dura derrota al oficialismo conservador en el gobierno que acudió al tribunal para que declarara inconstitucional las medidas aprobadas recientemente en el Congreso por la oposición de centroizquierda, que estableció medidas adicionales para criminales de lesa humanidad que opten a salida condicional de la cárcel. El fallo es inapelable.
De los tres cambios introducidos por la oposición en la Ley de 1925, dos fueron declarados constitucionales y el tercero, relacionado con el arrepentimiento público, aunque fue declarado inconstitucional, se acomodó la redacción y ahora el criminal de lesa humanidad sólo deberá condenar el hecho y el daño causado, aunque no en forma pública.
El oficialismo alegó ante el tribunal que no se podían establecer requisitos distintos a los presos comunes y a violadores de derechos humanos porque, dicen, viola el principio de igualdad ante la ley, aunque se acogió su postura de que exigirles declaración pública de arrepentimiento atentaba contra libertad de conciencia.
Activistas de derechos humanos estiman que serán muy pocos, no más de una decena, los criminales que estarían en condiciones de cumplir nuevas exigencias, por tanto, la mayoría de los 170 violadores a derechos humanos deberán seguir encarcelados.
A diferencia de los presos comunes que viven en cárceles hacinadas, alrededor de un centenar de criminales de lesa humanidad están confinados en el penal de Punta Peuco y poco más de 70 están en una sección especial y diferenciada de Colina.
Informes de jueces precisan que los violadores de derechos humanos cuentan con camas individuales, varios baños, cocinas, comedores y mobiliario en buen estado, además de dietas específicas para enfermos.