EFE 
SANTIAGO, Chile. La Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo este sábado la prisión preventiva para cuatro de los 10 acusados de fraude tributario, pero revocó la pena para otros dos en el llamado caso Penta, unos de los mayores de corrupción de Chile.
Como parte de las medidas cautelares, el tribunal mantuvo la prisión preventiva para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fundadores y ejecutivos de la empresa Penta, así como para Pablo Wagner, exsubsecretario de Minería, e Iván Álvarez, exfuncionario del servicio de Impuestos Internos.
Sin embargo, revocó la pena para Hugo Bravo, ex gerente general de Penta, y Marcos Castro, gerente de contabilidad de Penta, que quedan ahora bajo arresto domiciliario. Además se mantuvieron también las penas de arresto domiciliario para otros cuatro acusados.
Los 10 imputados se encuentran acusados de fraude tributario, sobornos y financiamiento ilegal en uno de los mayores casos de corrupción de Chile, donde supuestamente también se falsearon pérdidas y evadieron impuestos utilizando diversos mecanismos.
El caso tiene además una faceta política. Délano y Lavín, dueños del grupo Penta, financiaron la campaña electoral de los aspirantes a diputados y senadores de los dos partidos de la oposición derechista, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional.
Dos miembros de la UDI, el presidente Ernesto Silva y el vicepresidente Iván Moreira, dimitieron esta semana al verse salpicados directamente por el caso. Penta tiene intereses en los ramos de seguros, finanzas, aseguradoras de salud privada, educación y proyectos inmobiliarios.
El caso Penta se enmarca en una crisis de desconfianza general de los políticos, a la que ha contribuido el escándalo Caval, en el que está involucrado el hijo de la presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos.
La esposa de Dávalos, Natalia Compagnon, dueña al 50% de la empresa Caval, consiguió un préstamo de 10 millones de dólares tras reunirse junto a Dávalos con uno de los hombres más ricos de Chile, dueño de un banco, para comprar unos terrenos que fueron después vendidos por 15 millones de dólares.
El préstamo se recibió días después de que Bachelet fuera elegida presidenta. El caso está siendo investigado por la Fiscalía por posible tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
La imagen de Bachelet se ha visto fuertemente golpeada y su popularidad ha descendido 18 puntos, según la última encuesta de la empresa Cadem, donde bajó de 52 a 34 puntos.
