Chile rechaza informe de Amnistía sobre represión

Police detain a woman during anti-government protests in Santiago, Chile, Tuesday, Nov. 19, 2019. Chile has been facing weeks of unrest, triggered by a relatively minor increase in subway fares. The protests have shaken a nation noted for economic stability over the past decades, which has seen steadily declining poverty despite persistent high rates of inequality. (AP Photo/Esteban Felix)
Police detain a woman during anti-government protests in Santiago, Chile, Tuesday, Nov. 19, 2019. Chile has been facing weeks of unrest, triggered by a relatively minor increase in subway fares. The protests have shaken a nation noted for economic stability over the past decades, which has seen steadily declining poverty despite persistent high rates of inequality. (AP Photo/Esteban Felix)

El Gobierno de Chile tildó ayer de “irresponsable” el duro informe publicado por Amnistía Internacional (AI) sobre violaciones “generalizadas” a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
“El Gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin solicitar información al Gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes”, dijo la subsecretaria de DD.HH., Lorena Recabarren. “La única política que ha tenido el Gobierno es la del resguardo y protección de los derechos humanos”, agregó.
La organización acusó tanto al Ejército como a los Carabineros (Policía) de cometer “ataques generalizados” y hacer uso “innecesario y excesivo” de fuerza contra manifestantes.
Luego de una misión de 3 semanas, AI aseguró que las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado “no son hechos aislados”, sino que responden a un patrón y muestran un “grado de coordinación” que “conduce a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel”.
“El informe incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de instituciones democráticas, el imperio del Estado de Derecho y esfuerzos desplegados por Estado para proteger derechos humanos”, apuntó Recabarren.