Chile, el país más rico de América Latina, elogiado por su honradez y su gestión económica, enfrenta escándalos de corrupción que afectan a empresarios y políticos de ambos lados del espectro político.

Los escándalos han dominado la prensa nacional y llevaron a algunos a aseverar que el país está atravesando una de sus crisis más importantes desde el retorno a la democracia en 1990.

El miércoles, el banco brasileño BTG Pactual dijo en un informe que, debido a la mala conducta, la agenda política del gobierno chileno estaba “fracturada sin arreglo”.

“Chile está en una encrucijada”, dijo Andrés Santa Cruz, que fue jefe de la Confederación de la Producción y del Comercio hasta el 25 de marzo. “Necesitamos el compromiso de todos para enfrentar esta situación”.

Si bien los mercados se mantuvieron prácticamente inalterados y la corrupción en Chile no se compara con la de vecinos como Brasil, la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet alcanzó un mínimo histórico en tanto la crisis se extiende a su propia familia. En una reunión con periodistas extranjeros el miércoles, Bachelet echó por tierra los rumores de una posible renuncia.

Dos multimillonarios, dueños del Grupo Penta, están en prisión a la espera de un juicio. Otras compañías, entre ellas Sociedad Química Minera de Chile SA, o SQM, están bajo investigación por evadir impuestos y utilizar recibos falsos para financiar campañas políticas. Fiscales estales están investigando si el hijo de Bachelet utilizó su influencia para ayudar a su mujer a obtener un préstamo de US$10 millones.

Ernesto Silva, presidente de la opositora Unión Demócrata Independiente, renunció, al igual que el hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, como director de asuntos sociales y culturales de la presidencia, aunque él no fue acusado de ningún delito y se declara inocente.

Mínimo récord. Bachelet, elegida hace 15 meses, negó que su agenda se haya visto afectada. Dijo que estaba impulsando proyectos de ley para abrir nuevas universidades estatales y garantizar una educación superior gratuita, a la vez que trabaja para mejorar la regulación del financiamiento de los partidos. También aumentó la cantidad de empleados públicos que deben dar a conocer un listado de sus activos.

Bachelet dijo que la crisis es una “oportunidad tremenda” para fortalecer instituciones y llenar vacíos legales. “El gobierno no está haciendo ningún intento por encubrir nada”, dijo Bachelet. “Las instituciones están haciendo lo que tienen que hacer”.

Las preocupaciones hicieron que decayera la confianza de los inversores y los consumidores, también como resultado de una desaceleración del crecimiento. La confianza empresarial cayó a 40,2 en diciembre comparado con 51,9 en marzo, según el Instituto de Gestión de Calidad de Chile. El mes pasado se recuperó a 48,6.

La confianza de los consumidores cayó a un mínimo de cinco años, a 41,1 en noviembre comparado con 55,9 un año antes, según encuestas de Adimark, con sede en Santiago. En febrero rebotó hasta 44,7.

Los dueños de Grupo Penta que están en la cárcel, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, están a la espera de un juicio, acusados de entregar facturas falsas emitidas por familiares, amigos y candidatos políticos. Los pagos se utilizaron para financiar las campañas de políticos que pertenecen al partido Unión Demócrata Independiente,

creado por miembros civiles del régimen militar de Augusto Pinochet.

Julián López, abogado de Lavín y Delano, dijo por correo electrónico que, si bien sus dos clientes reconocen la existencia de “irregularidades y malas prácticas” en su conglomerado, sus “infracciones tributarias no constituyen delitos”.

Pablo Collada Chávez, que dirige la Fundación Ciudadano Inteligente, un grupo de reforma del financiamiento electoral, dijo que hacía mucho tiempo que le preocupaba la falta de transparencia en las campañas políticas pero “no imaginaba que existiera una red de semejante profundidad y complejidad. Fue una sorpresa enterarnos de todos estos casos”.

Otras acusaciones de prácticas ilegales en el pasado año también involucraron a la mayor correduría de Chile, LarrainVial SA, y a miembros del directorio del grupo de seguros Consorcio Financiero SA. Algunas de las personas afectadas por los escándalos de corrupción amasaron su fortuna cuando compraron las compañías estatales que administraban durante el gobierno del dictador Augusto Pinochet. La privatización fue liderada por economistas formados en Estados Unidos.