Chile y Perú esperan con ansia fallo judicial sobre sus fronteras marítimas

Chile y Perú esperan con ansia fallo judicial sobre sus fronteras marítimas

PARÍS. Chile y Perú esperan con ansiedad el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, el lunes próximo, que definirá sus fronteras marítimas poniendo fin a más de medio siglo de roces que sin embargo no les han impedido estos últimos años reforzar sus relaciones comerciales.

El presidente del tribunal, Peter Tomka, dará lectura el lunes 27 a este esperado veredicto de obligado cumplimiento, que no podrá ser apelado. Los presidentes de ambos países, el chileno Sebastián Piñera y el peruano Ollanta Humala, han reiterado que acatarán y ejecutarán la decisión de la Corte.

El hecho de que la máxima instancia judicial de Naciones Unidas admitiera la demanda presentada por Perú en 2008 hace prever, según los analistas, que podría dar, al menos en parte, la razón a Lima, que alega la inexistencia de una frontera marítima definida, cuestión que Chile considera zanjada con los acuerdos firmados hace 60 años.

La demanda peruana pide que se fije una línea equidistante, que divide la zona en controversia que hoy está bajo dominio de Chile. Si la Corte accede al reclamo, Chile podría perder hasta unos 38.000 km2 de mar, incluida un área de 200 km2 de su mar territorial con gran actividad pesquera.

Como resultado de la nueva frontera, Perú podría incorporar además a su dominio económico exclusivo, dentro de las 200 millas, un espacio marítimo de unos 27.000 km2, que hoy Chile considera de alta mar.

Chile alega que la situación que ha prevalecido desde la firma de los tratados de 1952 y 1954 «habría sido corroborada por la práctica bilateral», explica Astrid Espaliat, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y miembro del equipo de defensa de la cancillería chilena.

La mandataria chilena electa Michelle Bachellet, que asume la presidencia el 11 de marzo y será la encargada de ejecutar el fallo, espera que este sea «ajustado a derecho».

No obstante, la «buena sentencia nunca complace totalmente a las dos partes», advierte a la AFP el historiador de la Universidad Católica de Perú Nelson Manrique.

Relaciones bilaterales. Sea cual sea el fallo de la CIJ, no se espera que afecte las relaciones entre ambos países, pese a que algunos historiadores han visto el diferendo como el último resabio de la Guerra del Pacífico, que entre 1879 y 1883 enfrentó a Chile con Perú y Bolivia y le permitió anexar provincias que antes eran peruanas y bolivianas.

Humala aseguró recientemente que tras el 27 de enero, una nueva agenda marcará las relaciones entre los dos vecinos.

El sentimiento nacionalista de antaño ha dado paso a unas relaciones bilaterales intensas cimentadas en crecientes inversiones recíprocas y en los intercambios comerciales y humanos. Ambos países forman parte, junto con Colombia y México, de la Alianza del Pacífico, destinada a fomentar la relación comercial con Asia.

«La posibilidad de una escalada en el diferendo binacional como consecuencia de un fallo adverso para uno de los países es bastante reducida», dice a la AFP Carlos Malamud, catedrático de Historia de América e investigador del Real Instituto Elcano de Madrid. Más bien, ocurre los contrario.

«Esto está demostrando que es posible mostrar una relación diferente» entre las dos naciones, sostiene. No obstante, Manrique recuerda que la «rivalidad con Chile es inevitable y va a seguir porque pertenece al folclore».

Tampoco se espera una reacción de Bolivia, donde Evo Morales ha dicho que sigue con atención el fallo por si pudiera respaldar sus peticiones, también ante el tribunal de La Haya, por la salida al mar que reclama a Chile.

«La naturaleza del diferendo entre Chile y Bolivia es muy diferente. Una cosa es la utilización propagandística que pueda hacer el gobierno boliviano y otra es la sentencia judicial», aduce Malamud.

En noviembre de 2012, un fallo de la CIJ sobre una demanda de Nicaragua para la delimitación de las fronteras marítimas con Colombia provocó el descontento de las autoridades colombianas que decidieron retirarse del Tratado de Bogotá, como medida de rechazo a la jurisdicción futura de la Corte de La Haya.

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