Santiago de Chile.– Miles de personas salieron a las calles de Santiago ayer para conmemorar el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que derrocó al presidente Salvador Allende, y pedir que se avance con más celeridad en la búsqueda de verdad y justicia.

Organizaciones sociales y de derechos humanos convocaron la tradicional romería hacia el Cementerio General de la capital chilena, donde reposan los restos del líder socialista, un día antes de que se cumplan 44 años del alzamiento militar que lideró el general Augusto Pinochet.

Los manifestantes portaban fotografías de los rostros de víctimas de la dictadura y pancartas con consignas contra la impunidad de los represores.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, dijo en el acto de cierre de la romería que el Gobierno tiene una “deuda pendiente” con las víctimas del régimen militar.

“Nos violentan los privilegios que han tenido los criminales de lesas humanidad y sus pensiones millonarias mientras nuestros ancianos tienen pensiones indignas para la vida que trabajaron”, sostuvo.

Lira criticó al expresidente y candidato conservador en las elecciones de noviembre, Sebastián Piñera, porque representa a un sector político que, aseguró, fue “cómplice criminal” de la dictadura.

Los derechos humanos han estado en el centro del debate estos últimos días a raíz de la carta que un grupo de oficiales retirados publicó el viernes en un diario en la que protestaban por las injusticias que, en su opinión, afectan a violadores de los derechos humanos que cumplen condena en la cárcel.

En la misiva, firmada por 16 exjefes del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros, pedían “no poner en riesgo los logros» alcanzados en materia de entendimiento cívico militar tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

También criticaron “la falta del debido proceso que sufren cientos de militares y carabineros” y el posible cierre de la cárcel de Punta Peuco.

Punta Peuco es una prisión construida especialmente para violadores de los derechos humanos y se prevé que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, anuncie pronto su cierre y el traslado de los condenados a prisiones comunes, lo que les supondría la pérdida de algunos privilegios de los que actualmente gozan.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, apeló a la “voluntad política” del gobierno para anunciar cuanto antes el cierre de ese recinto.

“Debe haber voluntad política para hacerse cargo de lo que significa el avance contra la impunidad; entre otras cosas significa no solo el cierre del penal Punta Peuco, sino terminar con las libertades a los genocidas y avanzar en verdad total y justicia plena”, afirmó.