Un tribunal chino condenó el martes a muerte a un antiguo ejecutivo de una de las mayores empresas de gestión de activos del país, controlada por el Estado, por aceptar sobornos “extremadamente elevados”, informaron los medios estatales.

Bai Tianhui, ex director general de una filial de Huarong Asset Management, fue declarado culpable de recibir el equivalente a más de 1.100 millones de yuanes (151,9 millones de dólares) mientras utilizaba sus cargos directivos para ofrecer un trato de favor en “asuntos que incluían la adquisición de proyectos y la financiación corporativa”, informó la cadena estatal CCTV.

El tribunal condenó a Bai a “muerte, privación de derechos políticos de por vida y confiscación de todos sus bienes personales”, dijo CCTV.

“El valor del delito de soborno de Bai Tianhui fue extremadamente grande, las circunstancias del delito fueron extremadamente graves, el impacto social fue extremadamente malo y causó un daño extremadamente grave a los intereses del país y del pueblo”, decidió el tribunal, según la cadena.

Huarong era uno de los cuatro “bancos malos” del país asiático, fundado en 1999 tras la crisis financiera asiática con el objetivo de purgar las insolvencias en el sistema bancario chino, aunque con la llegada de Lai Xiaomin a la presidencia del grupo (2012) se transformó en un consorcio financiero y comenzó a invertir en activos de alto riesgo, saliendo a bolsa en Hong Kong en 2015.

Lai fue detenido en 2018 y ejecutado en 2021 tras ser condenado por aceptar sobornos por el equivalente a unos 280 millones de dólares, entre otros cargos, en un proceso judicial que llegó a ser calificado por la prensa oficial como el “mayor caso de corrupción financiera” de la historia de China.

A finales de 2023, Huarong anunció un acuerdo para adquirir el 5 % de su máximo accionista, el también público banco de inversión Citic, por unos 1.746 millones de dólares. Aquella operación supuso una devolución ‘de facto’ de parte del capital que Citic invirtió en el rescate público de Huarong, que cambió su nombre a China Citic Financial Asset Management para aprovechar la marca de su principal accionista.

Citic tomó la citada posición en el capital de Huarong después de que la participación del hasta entonces accionista mayoritario, el Ministerio de Finanzas de China, se diluyese desde el 57 % en el marco del plan de rescate aprobado por las autoridades para afrontar los graves problemas a los que se enfrentaba la compañía, con un pasivo de casi 240.000 millones de dólares a finales de 2021.

Purga de Xi Jinping: 610 mil funcionarios sancionados

Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh) y presidente del país, Xi Jinping, comenzó una campaña anticorrupción en la que varios altos cargos chinos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.

Si bien esta campaña, uno de los programas estrella de Xi, ha destapado importantes casos de corrupción en el seno del PCCh, algunos críticos han apuntado que también podría estar siendo utilizada para purgar a sus rivales o críticos.

China sancionó a 610.000 funcionarios por corrupción en 2023, según datos de la Comisión Central de Disciplina y Supervisión del PCCh, el brazo anticorrupción del partido gobernante

El lunes, los máximos dirigentes chinos declararon en una reunión del Politburó en la que se debatieron los riesgos financieros, que “aquellos que no cumplan con sus obligaciones tendrán que rendir cuentas y serán severamente castigados”, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

En los últimos meses, varias figuras de los sectores financiero y bancario de China han estado en el punto de mira de las autoridades antisoborno.

En abril, Liu Liange, presidente del Banco de China de 2019 a 2023, admitió haber “aceptado sobornos y concedido préstamos de forma ilegal”.

Ese mismo mes, el ex jefe del gigante bancario estatal chino Everbright Group, Li Xiaopeng, fue investigado por “graves violaciones” de la ley.

China clasifica las estadísticas sobre pena de muerte como secreto de Estado, aunque Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos creen que cada año se ejecuta a miles de personas en el país.