XIAOXI, China  (AP) –  La nueva represa de Xiaoxi tenía, entre otros propósitos, contribuir a que una firma de energía en la distante Alemania redujera el efecto invernadero causado por los gases industriales. Pero esa represa, muy difícilmente contribuya a frenar el cambio climático. Y muchas de las 7.500 personas desplazadas por el proyecto todavía están furiosas por haber perdido sus viviendas y sus tierras de cultivo.

«Nadie nos preguntó si queríamos mudarnos», dijo un hombre de 38 años cuya familia perdió una pequeña vivienda. «El gobierno se limitó a colocar un comunicado que decía, ‘Su vivienda será demolida»‘.

La represa no favorecerá a los clientes alemanes, a los aldeanos chinos o al clima en sí, según los detractores del proyecto. Y no es la única en esa situación. Historias similares se repiten a lo largo y ancho de China y en muchas partes del mundo, mientras centenares de proyectos hidroeléctricos hacen cola para financiar el impuesto a los carburantes, a un costo potencial de miles de millones de dólares para europeos, japoneses y, a corto plazo, estadounidenses.

Se trata de un sistema de canje que, según un análisis del gobierno de Estados Unidos, «tiene efectos inciertos» en las emisiones de gas causantes del efecto invernadero.

Un experto norteamericano fue aún más categórico. «El CDM» (siglas en inglés de Clean Development Mechanism, o Mecanismo para el Desarrollo de Energía Limpia, diseñado hace cuatro años atrás por las Naciones Unidas) es «un enorme subsidio que representa un gasto excesivo de los recursos del mundo industrializado», dijo Michael Wara, profesor de la universidad de Stanford, y experto en leyes del medio ambiente.

Los países industrializados deben reducir la emisión de gases industriales causantes del calentamiento global de la atmósfera para acatar el protocolo de Kioto, destinado a reducir el calentamiento global de la atmósfera. El CDM les permite satisfacer ese requisito pagando a países en vías de desarrollo para que reduzcan sus emisiones de gases industriales y quedándose con esa cuota.

Por ejemplo, la empresa de energía alemana RWE, que usa carbón como combustible, logró ese propósito comprando «créditos de carbón» que la ONU distribuye a proyectos de energía limpia como el de la represa de Xiaoxi. Los ingresos obtenidos por esos créditos de carbón permiten el financiamiento de esos proyectos.

Pero los críticos señalan que esos proyectos, lejos de representar una ganancia, representa una pérdida para el medio ambiente. Tales proyectos permiten a firmas como RWE «aumentar sus emisiones de gases sin una reducción correspondiente en un país en desarrollo», dijo en diciembre la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos, un organismo de contraloría independiente creado por el Congreso.

La AP ha determinado que los proyectos hidroeléctricos, cuyo impacto en el clima es el más vastamente cuestionado, se ha convertido en la principal tecnología en el CDM, y que China en particular obtiene el mayor provecho. En la actualidad, los chinos tienen al menos 763 proyectos hidroeléctricos pendientes de aprobación del CDM, y añaden un promedio de 25 por mes.

Para el 2012, sólo esos proyectos podrían generar más de 300 millones de «reducciones certificadas de emisiones». Cada uno de ellos, presuntamente, representaría la reducción de una tonelada de anhídrido carbónico. Se estima que los créditos podrían tener un valor de 4.000 millones de dólares.

Si el presidente de Estados Unidos Barack Obama acepta el ingreso en el sistema de Kioto, algo rechazado por la administración de George W. Bush, podría convertir al país en el mayor participante en un mercado capaz de mover cientos de miles de millones de dólares para el 2030.

Empresas de energía eléctrica, desde Edison de Italia hasta la Electricidad de Tokio, están haciendo acuerdos similares a los de China para obtener créditos por proyectos hidroeléctricos destinados a una docena de otros países, que van desde Perú hasta la India y Vietnam. Pero, en lugar de reducir sus propias emisiones de gases industriales, «las firmas en países desarrollados están comprando compensaciones que no representan un real cambio de conducta, o reducciones reales en las emisiones» de gases industriales, dijo Wara, profesor de leyes sobre el medio ambiente de Stanford.

Sin embargo, no todos están en contra de ese tipo de proyectos. Christiana Figueres, una costarricense que integró la junta directiva que supervisó el CDM, dijo que es crucial alentar a China a que construya proyectos hidroeléctricos y a que abandone el uso del carbón para sus plantas de energía.

China es en la actualidad el principal emisor de anhídrido carbónico en el mundo. «No podemos seguir haciéndoles mala afama a las represas hidroeléctricas», dijo Figueres a la AP. Pero defensores del medio ambiente exigen una reforma total del sistema.

Proponen un régimen negociado en el cual el mundo industrializado, mediante fondos de asistencia, subsidie la reducción de emisiones de gases industriales en el mundo en vías de desarrollo de manera más amplia, un sector industrial tras otro.

Y mientras la contaminación de la atmósfera por el anhídrido carbónico alcanza niveles récord, los proyectos del CDM se siguen acumulando. Hay en la actualidad 4.364 proyectos de energía a nivel mundial que han sido aprobados o aguardan su aprobación.

De ese total, una cuarta parte son hidroeléctricos. Entre tanto, aquí, en Xiaoxi, cuyos proyectos de crédito aguardan la aprobación de la ONU, los empleos proporcionados por la construcción de la represa han producido una bonanza económica, pero sólo temporal, a diferencia de los reclamos de los habitantes, que son persistentes.

Un grupo ha escrito a las autoridades reclamando que los campesinos sean mejor compensados por la pérdida de campos de cultivo y de viviendas. «Les exigimos que nos ofrezcan una explicación, y que solucionen nuestro problema de manera satisfactoria», escribieron a las autoridades los integrantes del grupo.

(Contribuyeron con este artículo Joe McDonald, desde China, y Charles J. Hanley, desde Nueva York. Patrick McGroarty, corresponsal de la Associated Press en Berlín.).