Una de las bregas más intensas en este país es la de lograr que los funcionarios de nuevo cuño presenten sus declaraciones juradas de bienes.

A este deber rehúye mucha gente como si el Estado estuviera cometiendo una intrusión imperdonable al exigirle a sus funcionarios que pongan en claro sus cuentas antes de iniciar su ejercicio en la administración de bienes estatales.

Y lo lamentable es que los encargados de hacer valer este precepto de transparencia son extremadamente indulgentes con quienes no obtemperan a cumplirlo, y nada pasa cuando se evade el requisito.

-II-

El asunto de las cuentas claras toma un matiz más dramático cuando son entidades e instituciones públicas, o privadas que reciben apoyo del Estado, las que dejan de rendir cuentas de lo que hacen con los recursos que reciben.

El presidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo, asegura que el Gobierno, algunos ayuntamientos, los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y el grueso de las instituciones del Poder Ejecutivo no rinden cuentas sobre los recursos que reciben.

En este aspecto es verdaderamente escandaloso que los partidos políticos, que suelen demandar de otros transparencia, estén entre los más consuetudinarios violadores de las normas que les obliga a rendir cuentas del destino que dan a los recursos que reciben del erario para financiar sus campañas electorales.

La mayor parte de las organizaciones políticas están en primera fila cuando se trata de exigir recursos del erario para sus operaciones, pero son los primeros en tratar de escurrir el bulto a la hora de rendir cuentas.

Lo grave es que el Estado ni siquiera los fuerza a cumplir las normas y ni siquiera busca los medios para fiscalizar la procedencia del resto de los ingresos de estas organizaciones, que son presas por cuya caza se desviven el narcotráfico y otras expresiones del mal.

-III-

Alienta escuchar al presidente de la Cámara de Cuentas cuando advierte que ese organismo de fiscalización practircará auditorías en ayuntamientos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y otros agrupamientos que reciben subvención pública para sus diversas actividades.

Que la democracia se sustenta de los partidos políticos no significa que el Estado deba financiarlos y al mismo tiempo tolerarles la majadería de no querer rendir las debidas cuentas por lo recibido.

Es una verdadera tontería financiar a los partidos con el propósito de alejarlos de la tentación de recibir fondos de mal origen sin fiscalizar de dónde proviene el resto de los recursos que estas organizaciones manejan, algunas en abundancia asombrosa.

La verdadera ofensa para la democracia es esta falta de rigor en la exigencia de cuentas claras y permitir que se siga actuando como los chivos sin ley.