Choferes de carros públicos y dueños de plantas envasadoras recibieron ayer con escepticismo el anuncio del presidente Hipólito Mejía de que eliminará el subsidio al gas licuado de petróleo para uso en hoteles, industrias y vehículos del transporte público.

Entretanto, todavía anoche persistía la escasez del carburante, observándose largas filas en las pocas plantas que aún disponían del carburante.

Entre las envasadoras que estaban cerradas ayer por falta de gas figuran las ubicadas en la Charles de Gaulle, Los Mina, Villa Mella, Los Guarícanos, Boca Chica, Villa Juana, avenida San Martín, varias del sector de Herrera, Hainamosa y Sabana Perdida.

Según choferes de carros públicos, la escasez de gas registrada en los últimos días forma parte de «una estrategia del gobierno» y de quienes controlan el negocio, para justificar el aumento del combustible. Advirtieron que la medida perjudicará principalmente a los pasajeros.

En tanto que el sindicalista Ramón Pérez Figuereo, presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), dijo que la escasez de gas es «ficticia» porque el gobierno ha asumido el compromiso de aumentar entre quince y diez pesos el galón de GLP.

Asimismo, los choferes no descartan que los dueños de envasadoras estén especulando para obtener grandes ganancias cuando el gobierno anuncie el aumento de precios en el carburante.

La crisis en el suministro de gas que se registra desde hace varias semanas, se generó a partir de que el gobierno acumuló una deuda millonaria en el pago del subsidio a los grandes suplidores, que decidieron suspender el despacho a las envasadoras.

Con la eliminación del subsidio, que según una fuente entrará en vigencia a partir de la semana próxima, los hoteles, las industrias, los residentes en condominios y los dueños de vehículos que usan GLP tendrán que pagar entre RD$41 y RD$46 el galón de ese combustible. Además, los precios subirían cada vez que suba la prima del dólar.

Sin embargo, los choferes consideraron que la medida anunciada el domingo por el presidente Hipólito Mejía en el programa «Una Vez a la Semana», perjudicará principalmente a los pasajeros.

De acuerdo con varios de los conductores consultados, a ellos no les queda más remedio que aumentar los pasajes o acortar las rutas.

«Quien va a sufrir es el pasajero», afirmó Jesús Joaquín Pérez, chofer de carro público. Milagros de Noble, quien también maneja un carro de concho, dijo que a los choferes no les conviene nuevos aumentos en el pasaje, porque entonces habría menos pasajeros.

De su lado, Pérez Figuereo denunció que la medida anunciada por el mandatario «es un engaño», y afirmó que verdadera intención del gobierno es la eliminación del subsidio a todo el mundo.

Dijo que cuando hay dos precios, el más barato nunca aparece, «esto incluso lo hacen con la gasolina regular».

Pérez Figuereo considera que a partir de la eliminación del subsidio, cientos de vehículos tendrán que salir de circulación, sobre todo aquellos de seis y ocho cilindros.

Por su lado, dueños de plantas envasadoras advirtieron que la «focalización» del subsidio se presta a actos de corrupción, ya que es muy difícil controlar el negocio cuando hay dos precios para un mismo producto.

«Si vuelven con los cupones, puede volver a pasar lo de la otra vez, que hubo plantas involucradas en actos de corrupción», advirtió Virgilo Pou, de Rojo Gas.

Pou puso en duda la eficacia de la medida de fijar precios diferentes para choferes y amas de casas. Consideró que será imposible diferenciar entre un tanque casero y otro de carro.

«Los choferes van a comprar tanques de casa y se lo van a echar al hombro y tú vas a tener que venderles como si fuera para una casa, porque los tanques no especifican si son de vehículos o no», explicó Pou.

Pérez Figuereo denunció el gobierno aumentó de RD$18.72 a RD$22.14 la ganancia que obtiene por cada galón de gasolina, en violación a la Ley de los Hidrocarburos.

El anuncio del presidente Mejía ha generado incertidumbre entre dueños de plantas envasadoras, pues según dijeron nadie sabe cuál será el mecanismo a utilizar para aplicar la nueva disposición.