POR CARMEN MATOS
La Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNATRAFIN) rechazó ayer el llamado a huelga que convocó para el próximo lunes el Foro Social Alternativo (FSA), que agrupa a unas 300 organizaciones sindicales del país, tras considerar que los sectores deben ponerse a trabajar y dejar a un lado las técnicas politiqueras que ningún beneficio dejan a los más pobres.

El presidente del gremio, Anastasio González, afirmó que no apoyarán la jornada ya que a su juicio, las huelgas nunca han resuelto los problemas del país.

En otro orden, González advirtió que el sindicato se mantendrá atento a la implementación del Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre para impedir que el estado continúe invirtiendo en la adquisición de autobuses, minibuses y carros en lo que definió como un nuevo Plan Renove.

El Fondo, adscrito a la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte Terrestre (OPRET), administrará los recursos financieros requeridos para impulsar a ese sector y fue establecido mediante el decreto 250-07.

Además de mejoras a las infraestructuras de transporte, el Fondo abarcará la investigación y desarrollo de proyectos, programas de seguridad vial, capacitación y fortalecimiento.

Mientras tanto, González denunció que con el mismo se quiere favorecer a los dirigentes choferiles mayoritarios Antonio Marte, de la Confederación Nacional de Transporte (CONATRA), Blas Peralta de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO) y Juan Hubieres por la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO), quienes a su vez integran el Consejo Directivo del Fondo.

Sostuvo que el estado no está en la capacidad de sustituir las 17 mil unidades desgastadas que circulan en todo el territorio nacional, por lo que se trata de un contrasentido que el estado financie el proyecto.

Recomendó que se unifiquen las tarifas de impuestos, de forma que los costo de entrada de autobuses al país no cuesten igual que los de vehículos de lujo.

El Consejo Directivo del Fondo tendrá un presidente designado por el poder ejecutivo y también participan los directivos de la OPRET, de la Autoridad Metropolitana de Transporte, de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre y de la Contraloría General de la República.