El ex senador Jesús (Chú) Vásquez calificó ayer como una “cruel perversidad” del Ministerio Público incluirlo en el caso de los sobornos de Odebrecht sin ninguna prueba, sin nunca informarle que estaba siendo investigado, sin interrogarlo sobre los hechos que le imputa ni darle oportunidad de defenderse y demostrar su inocencia antes de su sometimiento.
Pidió al juez de la instrucción especial Francisco Ortega, dictar “ Auto de No Ha Lugar” a su favor, y rechazar la solicitud de imposición de medida de coerción, y de hipoteca sobre bienes inmuebles como solicita el MP.
Al hacer su defensa material ante el juez, Chú realizó un recuento de su trayectoria personal y como senador de la República, para demostrar que la acusación que le hace el MP de soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos a través de los contratos del Acueducto de la Línea Noroeste y la Hidroeléctrica Pinalito, otorgados al consorcio brasileño Norberto Odebrecht, son una falacia
Afirmó que a su paso por el Senado dejó “un legado de servicio y de leyes que han sido absolutamente fundamentales para la transparencia y la solidez de la institucionalidad del Estado de derecho en la República Dominicana”.
Acueducto Línea Noroeste. Refirió que en 1999 siendo Vicepresidente del Senado, el presidente de la República Leonel Fernández envió al Congreso un contrato para el acueducto de marras, y la Cámara Alta nombró una comisión para estudiarlo que la presidió él (Chú).
Dijo que a pesar de que esa obra era reclamada a gritos por los ciudadanos de la Línea Noroeste y con la que los senadores estaban de acuerdo, el fenecido senador José Rafael Abinader “ tenía serias sospechas de la existencia de sobreevaluación de más de US$20 millones en el precio de construcción” y propuso la creación de una comisión de técnicos para investigar eso.
Agregó que se escogió a los técnicos más calificados quienes unos meses después lograron demostrar que “ciertamente existía una sobrevaluación por más de US$20 millones”, dijo Chú en su relato ante el juez Ortega.
Indicó que en el 2000 cuando Hipólito Mejía se juramentó como Presidente de la República, le presentaron un informe detallado de la investigación, y el Mandatario creó una comisión especial que también investigó y corroboró la sobreevaluación de la obra.
Dijo que en marzo del 2002 el presidente Mejía envió al Congreso el contrato para la construcción del acueducto, y cuando fue presentado en la sesión del Senado para ser incluido en la agenda, él propuso que primero fuera a la Comisión de Finanzas o a la de Obras Públicas para revisar todo lo que había llegado de la Dirección Ejecutiva del INAPA y del Poder Ejecutivo.

“Ví con preocupación que un tema como ese se quisiera aprobar a la carrera sin que los distinguidos senadores no hayamos tenido tiempo de sentarnos a ver ese contrato con el que todos estábamos identificados, y llamé a mis colegas a postergar su conocimiento porque entendía que no era correcto hacerlo de la manera en que se hizo”, dijo Chú.
Agregó que, no obstante, el contrato fue sometido a votación y aprobado con el voto contrario de Andrés Bautista, quien presidía el Senado; José González Espinosa, Enrique López y él.
“Magistrado, estamos hablando de una propuesta en el Gobierno de mi Partido; un contrato de una obra con la que yo estaba plenamente identificado, pero como se reseña en el acta correspondiente, mi posición fue no aprobar, por no conocer los términos del adendum hecho por el Poder Ejecutivo, y después no tener a futuro cómo responder al país si había algún cuestionamiento”, subrayó Chú.
No voté adendas de Pinalito. Vásquez afirmó que el único contrato que conoció a su paso por el Senado con evaluaciones pagadas por los gobiernos de Japón y de los Estados Unidos, fue el la Hidroeléctrica Pinalito.
Sin embargo, dijo que no aprobó las adendas que posteriormente se le hicieron al proyecto y que elevaron su costo por encima de los US$300 millones.
Indicó que ese contrato tenía más de 20 años de estudios y llegó al Congreso con un informe de la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) de fecha julio de 1984, y otro de factibilidad subvencionado por la Agencia de Comercio y Desarrollo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del año 2002.
Informó que en esas evaluaciones se establecía que el costo de ese contrato era por US$131.7 millones, “y al llegar a nuestras manos en el Senado de la República le dimos el trámite que establecen los reglamentos del Senado, enviándolo a la Comisión de Energía”, dijo.
Agregó que esa comisión rindió un informe favorable, se incluyó en la agenda, se sometió al hemiciclo y fue votado a unanimidad.
“Posteriormente, otros aprobaron adendas y voté en contra de todas las adendas, y ya usted ha conocido en esta audiencia preliminar, que finalmente esa obra estuvo por encima de los US$300 millones, pero con mi voto contrario”, recalcó Chú al juez Ortega.
Más votos en contra. Afirmó que además fue el único senador que votó en contra del contrato con la Barrick Gold, porque el Estado había firmado con anterioridad un contrato con la empresa Placer Dohme con amplios beneficios para el país “y de buenas a primeras el Poder Ejecutivo envió la reformulación y otorgamiento de un nuevo contrato a la Barrick Gold” que él entendía lesionaba los intereses del país.
Agregó que también fue el único voto senatorial en contra de la evaluación y permuta del Muelle Sans Soucí; y que junto a otros cinco senadores perredeístas se ausentó del hemiciclo cuando se conoció el contrato de los Super Tucanos, “para no convertirnos en cómplices de la aprobación de un contrato que aún a la fecha, mantiene un expediente abierto en la justicia dominicana”.
Aportes para la historia. Vásquez dijo que una muestra evidente del nivel de transparencia que en lo personal quiso dar no solo a su gestión sino a la de todos los senadores, es el estudio de televisión que gestionó para transmitir en vivo las sesiones, para que el país pueda contar con la memoria de la Cámara Alta, y los ciudadanos ser testigos de lo que allí se propone, se discute, apoyan o rechazan sus representantes.
Asimismo, dijo que dio prioridad a la elaboración del Código de Etica del Legislador “precisamente para dotar a ese órgano de una normativa que orientara la conducta de los senadores y definiera las incompatibilidades y acciones que pudieran reñir con el ejercicio de la alta función que le atribuye la Constitución.
También impulsó personalmente el proyecto de Ley de Autonomía Presupuestaria y Administrativa del Ministerio Público, Cámara de Cuentas, y de los poderes Legislativo y Judicial (actual Ley 194-04), “con el único fin de que ninguno de ellos tuviera que estar pidiéndole favores al Poder Ejecutivo para la asignación de recursos”, y fueran una garantía de la independencia económica e institucional de los poderes del Estado.
También apoyó el proyecto del exsenador peledeísta José Tomás Pérez, para que fuera posible la aprobación de la Ley de Libre Acceso a la información Pública; participó en la modificación del reglamento Interno del Senado en el 2003 a fin de imprimir un sentido más democrático y transparente a los trámites legislativos.
Dijo que además se esforzó por traer al país las experiencias de notables personalidades políticas del mundo “para con su ejemplo y recomendaciones pudiéramos resolver problemas fundamentales de la sociedad dominicana. Citó entre ellos al expresidente español Felipe González ; el ex-canciller argentino Dante Caputo ; y el exPrimer Ministro de Israel, Ehud Barak.
“No debe caber duda de que en nuestro paso por el Senado de la República (1997-2010) y especialmente durante el año en que tuve el honor de presidir dicha institución (2003-2004), hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para alcanzar altos niveles de transparencia e institucionalidad del Estado dominicano”, agregó Chú.

NUNCA SE APROVECHÓ DEL CARGO.

Refirió que antes de ser senador, fue Inspector encargado del Seguro Social (1978) y luego Gobernador (1982) en su provincia natal María Trinidad Sánchez, y Cónsul general en Venezuela, “y nunca me aproveché de las posiciones que ocupé para obtener alguna beca de estudios para mis hijos que estudiaron fuera”.
Agregó que nunca tampoco abandonó sus actividades productivas de arroz, coco, cacao y ganado como principal sustento de su familia, sino que su esposa Deonicia Marte y sus hijos, se han mantenido al frente.
Mi patrimonio es lícito.. Vásquez dijo provenir de una familia de comerciantes, cuyo abuelo, el libanés Miguel Abud Antún , es dueño de “Casa Amarilla”, una de las principales tiendas de la región nordeste del país; y su abuela, era la única hija del general Juan José Florimón, un cacique militar de la zona con grandes extensiones de terreno, que al fallecer fueron heredadas por su madre, quien a su vez se las entregó a él y a sus hermanos.
Afirmó que tiene 34 años casado con patrimonio mancomunado; que todos sus bienes que posee son familiares y producto del trabajo en la producción agrícola y agropecuaria.
“Esta es la primera vez que escucho que dedicarse a esa actividad constituye un ilícito penal”, dijo el imputado.
Indicó que para acusarlo el MP parte del supuesto de que su única actividad productiva ha sido ser senador de la República. Nada más falso.
“Honorable magistrado, he repetido muchas veces que mi principal fuente de ingresos ha sido siempre producto de mi actividad agrícola y ganadera. No tengo compañías, no soy accionista de ninguna empresa ni conseguirá nunca una de esas famosas empresas offshore en el extranjero; mis cuentas son transparentes”, sostuvo Vásquez.
Recursos para campañas. Refirió que fue candidato a senador en cinco períodos consecutivos y ganó las elecciones en cuatro; que dirigió seis campañas presidenciales en su provincia y en el país, que “siempre fueron apoyadas con aportes económicos que en su gran mayoría iban a cuentas de mi esposa porque dadas mis ocupaciones, era ella quien se encargaba de esa actividad”.
“En cuanto a mis hijos , les he enseñado que cualquier éxito o meta se puede lograr en la vida con trabajo, disciplina y persistencia”.