La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió ayer del “agravamiento de la situación de violencia y desabastecimiento” en Haití, donde han muerto al menos 26 personas desde el pasado 7 de febrero en medio de protestas contra el Gobierno.
“Es muy preocupante la rápida degradación de la situación socio-económica y política del país, que ha derivado en violencia y en el desabastecimiento” de electricidad, combustibles y medicamentos y que afecta a los “servicios básicos de agua, alimentación y salud”, señaló la relatora para Haití, Flávia Piovesan. La relatora pidió al Estado que adopte “medidas para facilitar el acceso a servicios básicos y para la efectiva garantía de dichos derechos».
Según la CIDH, en medio de las protestas se han producido bloqueos, “violencia dirigida a manifestantes; disparos esporádicos; detenciones de personas”, así como “dificultades en la provisión de bienes y servicios esenciales para la alimentación, el agua potable y la salud”, el cierre de escuelas, de aduanas y aeropuertos, entre otros. “Lo anterior ha resultado en la muerte de al menos 26 personas y en más de 77 personas heridas, según información de Unicef”.
El organismo llamó al Estado a “respetar las manifestaciones” y urgió a iniciar un diálogo en busca de “una solución pacífica a la grave crisis política y económica que atraviesa el país». Además, confirmó que decidió instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (Sacroi) para “monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Haití». También pidió al Estado que investigue “con debida diligencia y respeto al debido proceso” las muertes ocurridas.