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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instalará una mesa de trabajo para evaluar los avances en la solución a la crisis causada por la «desnacionalización» de hijos de inmigrantes ordenada por el Tribunal Constitucional dominicano y que afecta a miles de descendientes de haitianos.
La mesa de trabajo contará con representes del Estado, y se reunirá dos veces durante su año de vigencia y escuchará las versiones de afectados y de organizaciones de la sociedad civil, informó Paulo Abrão, secretario ejecutivo del organismo en un comunicado emitido en Washington.
El plan forma parte de las recomendaciones realizadas por la CIDH luego de sus dos visitas a República Dominicana en 2015 y 2017 tras la polémica generada por el proceso de «desnacionalización» de descendientes de inmigrantes.
En una controvertida sentencia inapelable el Tribunal Constitucional ordenó en 2013 abrir juicios individuales para anular la nacionalidad de todas las personas nacidas entre 1929 y 2007 de padres extranjeros que no tuviesen residencia legal en el país.
De acuerdo con organismos de derechos humanos la medida afectaba a unos 210.000 descendientes de los inmigrantes haitianos que durante gran parte del Siglo XX fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos, donde se establecieron y formaron sus familias.
Ante las críticas de la CIDH, la ONU y otros gobiernos, el Congreso aprobó en 2014 una ley para restituir de manera automática la nacionalidad a 55.000 afectados que estaban inscritos en el registro civil.
Cuatro años después de la entrada en vigencia de aquella ley las autoridades no han difundido la cantidad de personas a quienes les fue restituida la nacionalidad, mientras organizaciones de derechos humanos estiman que el número no llega a 5.000.
Para las miles de personas afectadas por el fallo del tribunal que nunca habían sido inscritas en el registro civil el gobierno abrió en 2014 un proceso para inscribirlas como extranjeras con la posibilidad de naturalizarse en un periodo especial de dos años.
De las 9.000 personas que se inscribieron ninguna se ha podido naturalizar. Amnistía Internacional ha insistido que el número de personas que nunca tuvieron acta de nacimiento, muchas veces por la negativa de las autoridades, es muy superior a 9.000 y están sin nacionalidad.
«Este país no tiene ninguna apatridia en nada», aseguró el martes a periodistas Julio César Castaños, presidente de la junta electoral, encargada de administrar el Registro Civil.
En su reciente informe anual, difundido el mes pasado en Washington, la CIDH reiteró sus recomendaciones de restituir la nacionalidad de forma automática a todos los afectados por la sentencia del Tribunal y dejar de registrar como extranjeros a quienes, pese a no contar con acta de nacimiento, sí tenían el derecho a la nacionalidad dominicana.
El canciller Miguel Vargas recordó el martes que la ley que en 2014 determinó registrar como extranjeros a los descendientes de inmigrantes que no tuviesen acta de nacimiento fue el resultado de un «gran consenso nacional» y no puede modificarse.
Además de dar seguimiento a la desnacionalización la mesa de trabajo evaluará los avances para evitar la discriminación, registrar a inmigrantes, evaluar los mecanismos de deportación y los derechos de la mujer.
