WASHINGTON, AFP.- La CIDH expresó este viernes sus dudas sobre la eficacia de las políticas de seguridad en México, tras el presunto involucramiento de fuerzas del orden en casos de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias.  

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Sánchez Icaza denunció que la práctica institucional en México «va en contrasentido de lo que está diciendo la reforma constitucional y las políticas públicas».

México sigue sin conocer el paradero de 43 estudiantes desde que fueron atacados a tiros por policías y narcotraficantes en la ciudad de Iguala (sur) a fines de septiembre. A este crimen, que escandalizó al país y al mundo, se le suma la acusación contra tres militares de haber ejecutado al menos a ocho presuntos secuestradores luego que había concluido un enfrentamiento en Tlatlaya (centro).

Según Sánchez Icaza, ambos casos abren «un corchete de veracidad sobre la política pública y la eficacia de la política pública».

«Tienen que revisarse cuáles son los mecanismos que no están funcionando», añadió, al presentar el calendario del 153º periodo de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tendrán lugar en Washington del 27 al 31 de octubre.