Washington. En ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados para que se comprometan a adoptar la legislación que defina y prohíba claramente el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia; así como a derogar o modificar toda legislación que constituya o dé lugar a racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia.

Por medio de su monitoreo en 2018, la CIDH recibió información respecto de actos de amenazas, daños a la propiedad, asalto, asesinato y delitos de odio motivados por discriminación con base en el origen étnico-racial de individuos y comunidades en el hemisferio. En particular, la CIDH ha monitoreado los discursos que incitan a la violencia por razones discriminatorias en redes sociales, sobre todo hacia personas afrodescendientes. Preocupa a la CIDH las manifestaciones públicas de los funcionarios públicos que han de difundido mensajes de odio contra las personas en razón de su origen étnico-racial y / o nacional, exponiendo a estos grupos a un mayor riesgo de sufrir violencia.

Igualmente, la CIDH ha recibido denuncias de situaciones conexas a la intolerancia religiosa dirigida a los practicantes de religiones africanas y de la diáspora africana en las Américas, en particular la destrucción de sitios sagrados y de culto, amenazas a líderes y lideresas religiosos, así como la promulgación de legislación que genera restricciones específicas a sus rituales.

La Comisión destaca que los delitos motivados por prejuicios afectan la seguridad de los individuos, sus comunidades y la sociedad en general. Las respuestas efectivas a los delitos de odio son necesarias para evitar que presenten un serio desafío de seguridad de grupos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, la Comisión hace un llamado a las autoridades a que no sólo se abstengan de difundir mensajes de odio contra las personas en razón de origen étnico-racial, sino también a contribuir de manera firme y propositiva a la construcción de un clima de tolerancia y respeto.

“Los Estados deben no solo adoptar legislación específica que prohíba prácticas racistas y discriminatorias, sino que debe revisar y derogar de su orden jurídico toda o cualquier ley que genere discriminación, sea de manera directa o indirecta”, señaló la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH.

En particular, la CIDH insta a los Estados a revisar sus leyes y políticas para asegurar su conformidad con los principios de la igualdad efectiva y el deber de no discriminación. Ello implica el deseo de evaluar su posible impacto discriminatorio y su potencialidad de generar discriminación indirecta, en especial en las áreas de empleo, participación en organizaciones profesionales, educación, capacitación, vivienda, salud, protección social, ejercicio de la actividad económica, acceso a los servicios públicos, entre otros. Asimismo, los Estados deben derogar o modificar toda legislación que constituya o dé lugar a racismo, discriminación racial y formas conexas de intolerancia.

Finalmente, la Comisión hace un llamado a los Estados de la región para que adopten las medidas necesarias para ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, como muestra efectiva de un compromiso serio de combatir la discriminación racial y toda forma de intolerancia en el hemisferio. La CIDH saluda al Estado de Antigua y Barbuda por la ratificación de dicho instrumento el 23 de mayo de 2018, el cual ya había sido adoptado por Costa Rica y Uruguay, siendo estos los únicos 3 Estados que han ratificado la referida Convención. En este sentido, la Comisión subraya que la ratificación universal de los instrumentos interamericanos es un paso indispensable para el respeto y la garantía de todos los derechos humanos, y la prevención y la erradicación de la discriminación racial.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.