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WASHINGTONn (AP).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información a Ecuador y República Dominicana sobre las críticas dirigidas a organizaciones que presentaron denuncias contra ambos países.
La presidenta de la CIDH Dinah Shelton dijo el viernes que pidió al Estado ecuatoriano información sobre declaraciones «claramente descalificatorias» en contra de integrantes de Fundamedios, organización que solicitó a la Comisión una audiencia sobre la libertad de expresión en Ecuador a raíz de una multa por 42 millones de dólares por injurias, impuesta a un diario.
Las críticas fueron transmitidas a través de cadenas gubernamentales de radio y televisión. «La comisión considera absolutamente inaceptable cualquier tipo de acción que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano», explicó.
La relatora para libertad de expresión Catalina Botero explicó en conferencia de prensa que la CIDH solicitó saber sobre la finalidad de las cadenas, si la información transmitida había sido verificada previamente, si la transmisión cumple con las leyes ecuatorianas y la cantidad de averiguaciones de oficio u otras medidas adoptadas para proteger a los peticionarios ante las amenazas y agresiones que han recibido. Botero precisó que el estado ecuatoriano tiene siete días para responder.
Shelton señaló que Ecuador tiene una invitación abierta para que la CIDH efectúe una visita, pero que la comisión aún no ha definido cuáles países visitarán en 2012. Fundamedios solicitó durante una audiencia en la CIDH para la organización pueda constatar lo que ellos califican violaciones a la libertad de expresión. Shelton también apuntó a las autoridades de Santo Domingo, las cuales acusaron a una activista de haber solicitado una audiencia sobre personas con ancestros haitianos a las que le han sido negado actas de nacimiento «con la intención de realizar un espectáculo y beneficio propio».
La CIDH solicitó al estado dominicano información sobre el caso en octubre. La peticionaria recibió las críticas al solicitar la audiencia. La comisionada precisó que la CIDH estima recibir más de 1.600 denuncias en 2011. El año anterior fueron 1.598. Sobre el cumplimiento de los países a las recomendaciones emitidas por la CIDH, Shelton admitió que los estados pueden tardar tiempo considerable en adoptarlas, especialmente si incluyen trámites engorrosos como reformas constitucionales.
«Pero sí ocurren, hemos visto reformas constitucionales como las de Uruguay, que en 2011 cumplió con una recomendación de 1992. Tenemos que ser pacientes con los cambios institucionales que recomendamos», señaló refiriéndose a una ley promulgada el mes pasado para eliminar la amnistía a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1973 a 1985.
