Washington (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA señala a Colombia, Cuba, Haití y Venezuela como los países que merecen “especial atención” en materia de derechos humanos.

Estos cuatro países figuran en un capítulo aparte del informe anual presentado hoy por este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el que se recogen los avances y retrocesos registrados en 2006 en derechos humanos en el continente.

Son los mismos que ya figuraban en el informe del año anterior, aunque en 2005 también se incluía en la lista negra a Ecuador.

En el caso de Colombia, la CIDH expresa su preocupación por el impacto del conflicto armado sobre la población civil, especialmente sobre los sectores más vulnerables, como los indígenas, afrodescendientes y desplazados, así como por las “crecientes denuncias sobre la participación de agentes del propio Estado”.

Le preocupan además los ataques registrados contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, por parte de grupos armados al margen de la ley.

   Cuba también merece atención para la CIDH por los informes que ha recibido sobre violaciones a la libertad de expresión, condiciones de detención de los disidentes, actos de repudio contra opositores, vulneración de derechos laborales y sindicales, y aplicación de la pena de muerte sin debidas garantías procesales.

   Según el informe, las restricciones a los derechos políticos, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento “han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos”.

   La CIDH reitera asimismo que el embargo económico, comercial y financiero que pesa sobre Cuba desde hace más de 40 años, tiene un grave impacto sobre los derechos económicos y sociales de la población cubana, e insiste en que debe terminar.

   En el caso de Haití, la situación de los derechos humanos en el país caribeño se sitúa “entre las más preocupantes del Hemisferio”, según el texto, en el que la CIDH expresa su grave preocupación ante la falta de control efectivo de la seguridad en el país en 2006.

   Para que el país pueda avanzar, serán necesarias “reformas institucionales a largo plazo y asistencia internacional sostenida”, señala el informe.

   Por lo que se refiere a Venezuela, la CIDH expresa su preocupación por las muertes y lesiones graves sufridas por centenares de personas privadas de libertad.

   Esa situación se produce en gran parte, según el informe, a la falta de controles para evitar el ingreso de armas a las cárceles, la ausencia de personal de custodia debidamente capacitado, los retrasos procesales y las precarias condiciones de detención.

   La Comisión recuerda además que, desde su última visita a Venezuela en 2002, ha estado solicitando sin éxito al Estado venezolano, tanto verbalmente como por escrito, su consentimiento para volver al país.

   Al margen de esos cuatro países específicos, la Comisión hace balance del respeto a los derechos humanos en todo el continente y señala que la inseguridad ciudadana, la desigualdad social, la falta de acceso a la justicia y el lento proceso de consolidación democrática son las áreas que requieren mayor atención.

   El informe destaca, por ejemplo, la fragilidad que caracteriza al Poder Judicial en la mayoría de los países de la región y, en algunos casos, los ataques contra la independencia e imparcialidad de dicho poder del Estado.

   Eso se traduce “en problemas de acceso igualitario a la justicia, procesos judiciales lentos, impunidad en casos de graves violaciones a los derechos fundamentales y violaciones al debido proceso”.

   Asimismo, señala que la marginación y la exclusión social siguen siendo los rasgos característicos de la región.

   Aunque en los últimos años se consolidó un proceso de recuperación económica y en algunos países se redujeron los indicadores de pobreza e indigencia, “siguen existiendo millones de personas que confrontan problemas de desempleo estructural, marginación social e inaccesibilidad a servicios sociales básicos”, precisa.

   Tampoco ha variado, de acuerdo con la CIDH, la situación de “desigualdad fáctica y jurídica” que afecta a las mujeres y a grupos tradicionalmente discriminados, como los pueblos indígenas, los afrodescendientes y homosexuales.