Washington. EFE.  La CIDH expresó ayer su preocupación ante la destitución de los diputados de oposición en Nicaragua, lo que consideró una potencial violación de los derechos políticos en el país, e instó al Estado a “garantizar el debido respeto a las facultades de los adversarios políticos” popularmente electos.   En un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reaccionó a la decisión del Parlamento nicaragüense de destituir a 28 diputados opositores por una resolución del Consejo Supremo Electoral (CSE).   Los diputados fueron destituidos por no aceptar a Pedro Reyes como líder del Partido Liberal Independiente (PLI), después de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le quitara la representación legal del PLI a Eduardo Montealegre y se la otorgara a ese otro político.   “Con esta decisión, las personas elegidas por voto popular para ejercer el cargo de diputado fueron reemplazadas por una decisión judicial emitida en un contexto político de año electoral”, dado que Nicaragua celebrará elecciones generales en noviembre, indicó la CIDH.   “Si la decisión de destitución tiene como resultado que autoridades electas por el mandato del voto no pueden terminar de ejercer el cargo en el período para el cual fueron electas, dicha decisión podría constituir una restricción indebida al ejercicio de los derechos políticos”, advirtió.   Por tanto, el organismo autónomo de la OEA exhortó al Estado nicaragüense a “generar las condiciones y mecanismos adecuados para que los derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación».   “Asimismo, la CIDH recomienda al Estado adoptar las medidas necesarias para garantizar el debido respeto a las facultades de los adversarios”.