El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, calificó de “alarmante” la situación de Nicaragua, país inmerso desde hace varios meses en una crisis que este organismo considera que debe ser seguida con atención por la comunidad internacional. “Ningún otro Estado de la región ha producido el número alto de víctimas fatales como Nicaragua este año. Esta situación debería ser considerada prioritaria por todos”, declaró Abrão.
Después de que Managua suspendiera la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y anunciara la expiración del plazo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Abrão advirtió de un “intento explícito de silenciar la oposición y cualquier tipo de disidencia». “Es una decisión que de un lado es coherente con lo que está pasando dentro del país”, no dudó en afirmar el jefe de la CIDH.
Detalló que en los últimos días se han “reducido los espacios de la sociedad civil” a raíz de la cancelación del funcionamiento de varias ONG, mientras prosiguen las detenciones “arbitrarias” y el sistema no ofrece ninguna “perspectiva de justicia” a las víctimas. “Para mí está claro un deterioro del Estado de derecho en Nicaragua”, agregó Abrão, al ratificar que el Meseni “continuará con sus tareas integrales” desde Washington, apoyado en una red de información que constituyó en los últimos seis meses que permitirá que su labor siga “intacta».
El Meseni venía trabajando desde el 24 de junio en Nicaragua con el objetivo de vigilar “la situación de derechos humanos”, y dar seguimiento a las recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la propia CIDH.
Mientras, el GIEI respaldaba las investigaciones de los hechos violentos sucedidos en ese país entre el 18 de abril y el 30 de mayo, en virtud de un acuerdo alcanzado por la CIDH, la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de Daniel Ortega.