Ninoska Cuevas 
Cientos de personas, portando pancartas, velones, banderas moradas y bajo la consigna “soy peledeísta, no tenemos miedo”, se lanzaron a las calles la noche de este lunes en varias ciudades del país para protestar en contra de la Operación Calamar, la cual detuvo al menos 20 personas acusadas de pertenecer a una red de corrupción que distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.
“Tienen desde que salimos del Gobierno investigado a mi amigo y hermano Gonzalo Castillo, yo trabajé en el Ministerio de Obras Públicas y todas las obras están aquí (Santiago). Todas las obras se pueden verificar”, manifestó Jeffrey Infante, miembro del Comité Central del Partido Liberación Dominicana (PLD), durante su participación en la protesta de la ciudad corazón.
Asimismo, agregó: “No vamos a soportar que a Gonzalo Castillo lo tenga preso injustamente”.
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En tanto que dirigentes del municipio de Laguna Salada, provincia Valverde, advirtieron que defenderán a sus compañeros de partido, los cuales están a la espera de que le conozcan solicitud de medidas de coerción en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
“El PLD no tiene miedo y los hombres que hay están dispuestos a dar la batalla en el terreno que ellos quieran, porque no es verdad que un mal Gobierno quiera acabar con la democracia de la República Dominicana”, dijo uno de los manifestante.
Además, en Moca, Nagua y Puerto Plata, simpatizante de la organización política realizaron una caminata con las velas en mano por las principales avenidas de esas localidades.
Apresados en la Operación Calamar
Entre los arrestados en la Operación Calamar se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
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La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los imputados es de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros.
Ministerio Público pide prisión preventiva
La Coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, indicó que el Ministerio Público ha solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva, como medida coercitiva y la declaratoria de complejidad del proceso.
“El Ministerio Público ha depositado la solicitud de medida de coerción de este proceso. Un proceso que se ha desarrollado con una investigación que ha asumido altos estándares internacionales”, dijo Ortiz al hablar con la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde acudió a depositar la solicitud de medida de coerción junto a los fiscales Andrés Mena, Miguel Collado, Marinel Brea, Rosa Alba García, Arolin Lemos, Elvira Rodriguez y Emmanuel Ramirez.
Sobre lo solicitado, Ortiz señaló que el Ministerio Público “entiende que es la medida que este caso (Calamar) conlleva, de acuerdo a la gravedad de las imputaciones, a la seriedad de las mismas y al legajo probatorio que hemos depositado”.
Detalló que en el expediente consta de “más de 1,200 elementos de pruebas depositados, una medida de coerción de más de tres mil páginas que involucra la sustracción de dinero del Estado por más de 17 mil millones de pesos” en expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.
La litigante especificó que esta investigaciones apenas comienzan y que según vaya avanzando pueden producirse otras detenciones.
