¿Por qué lo hizo? ¿Por qué viajó más de mil millas en autobús y luego vadeó el Río Grande con un pequeño grupo de viajeros desesperados? ¿Por qué se adentró en el árido paisaje de Texas con nada más que la gorra negra de su esposo para protegerse del sol? Es simple, dijo la mujer. Había perdido 2 hijos por la violencia de las pandillas que reina en El Salvador. Su miedo, explicó, era que los asesinos «quieran terminar con la familia».
La pareja puso rumbo a EEUU el 13 de mayo con la esperanza de llegar a Houston y reencontrarse con el único hijo que les queda vivo, que cruzó la frontera estadounidense hace un año. Pero no lo lograron. Una hora después de entrar a Texas, fueron capturados por la Patrulla Fronteriza, separados y encarcelados. La madre, con muñecas y tobillos encadenados, fue deportada el jueves junto con 100 migrantes a El Salvador.
Miles de personas están en su misma situación: huyen de pandillas extremadamente violentas de El Salvador, Honduras y Guatemala pero son interceptados cerca de la frontera de Estados Unidos y devueltos a sus países por la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump.
Trump tuiteó en junio que los «inmigrantes ilegales, no importa lo malos que puedan ser… entran e infestan nuestro país, como MS-13». Sin embargo, son pocos los miembros de estas organizaciones que intentan entrar a EEUU.
En el año fiscal de 2017, la Patrulla Fronteriza realizó 310,531 detenciones de personas que estaban en el país de forma ilegal, pero solo el 0.09% de los casos pertenecían a las maras que operan en Centroamérica, según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. En cambio, es más común que las personas que escapan de esas bandas sean las que intentan cruzar la frontera.
El 2000, agentes fronterizos interceptaron a 1.6 millones de inmigrantes en la frontera suroccidental. De ellos, 98% eran mexicanos y 29,000 de otras naciones. Pero en 2017 las autoridades estadounidenses sorprendieron a casi 163,000 migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras frente a unos 128,000 mexicanos.
«Esta es gente que, en su gran mayoría, está huyendo de la violencia», señaló Kathy Bougher, estadounidense que investiga el costo humano de la inmigración. «Y necesitan seguridad».
Son personas como la mujer que estaba en el centro de inmigración para «repatriados», sumida de nuevo en la pesadilla de regresar a uno de los países más violentos del mundo. «Tengo miedo», señaló mientras esperaba a ser procesada para su regreso.
Un funcionario gubernamental llamó por su nombre a otros retornados para poder devolverles sus posesiones.
Por temores sobre su seguridad, la mujer habló bajo condición de no ser identificada. Apuntó que no tenía otra opción más que regresara su casa. Temía retornar a una localidad en la que las pandillas ejercen el control, a un lugar donde sus miembros a menudo obligan a mujeres jóvenes a convertirse en esclavas sexuales, y matan a las que se niegan. La sospecha de ser leal a una banda rival es una sentencia de muerte. Muchas víctimas de este tipo de violencia suelen ser enterradas en fosas comunes y nunca son encontradas.