SANTO DOMINGO. AP. Cientos de personas afectadas por el proceso de desnacionalización de República Dominicana por su ascendencia haitiana protestaron ayer frente al Palacio Nacional para exigir al presidente Danilo Medina la restitución de sus derechos y que no los obliguen a naturalizarse como si fuesen extranjeros.

“Nací en República Dominicana, tengo un acta que dice que nací aquí; entonces naturalizarme es quitarme lo que tengo para darme otro estatus”, dijo Rosairis Diendomi, quien participó en la protesta como parte del grupo Reconoci.do Los manifestantes pidieron al mandatario no presentar al Congreso su anunciado proyecto de ley para naturalizar a los afectados por la desnacionalización, que según la presidencia servirá para naturalizar como dominicanos a los miles de afectados por el fallo del Tribunal Constitucional que en septiembre de 2013 ordenó abrir juicios individuales para anular las actas de nacimiento de todos los nacidos en el país desde junio de 1929 de padres extranjeros que no tuviesen residencia legal.

“La rechazamos (naturalización) porque la constitución establece que la naturalización es para extranjeros y nosotros ya somos dominicanos”, insistió Diendomi. De acuerdo con la constitución, los ciudadanos por naturalización no pueden aspirar a la presidencia de la República y deben esperar al menos 10 años desde la adquisición de la ciudadanía para postularse al Congreso o como jueces.

El fallo del Tribunal Constitucional afecta principalmente a los descendientes de miles de inmigrantes del vecino Haití que a lo largo del Siglo XX fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos. De forma previa a la decisión de la corte, la junta electoral había comenzado en 2007 a retener los documentos de identidad de los descendientes de haitianos por considerar que habían sido registrados de forma ilegal para obtener la nacionalidad dominicana.

Sin sus documentos, los afectados no pueden inscribirse en una universidad, casarse, registrar a sus hijos, viajar, tener un empleo formal o abrir cuentas bancarias. Según estimaciones de organismos de derechos humanos y ONU, la medida afectará a unos 210.000 descendientes de inmigrantes haitianos.