La segunda legislatura extraordinaria convocada por el presidente Hipólito Mejía deja sin efecto cientos de proyectos, entre ellos el de Código Penal, Fiscalía Anticorrupción, reforma de la Ley de Casación y los códigos Civil, Comercial, de Agua y de Recursos Naturales.

También «mueren» el que establece un nuevo Sistema Nacional de Control Interno para enfrentar la corrupción administrativa y el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Los proyectos pierden vigencia cuando les pasan dos legislaturas sin ser aprobados, cosa que la Constitución establece en el párrafo I del artículo 41, que reza de la manera siguiente:

«Párrafo I.-Los proyectos de ley que quedaren pendientes en cualquiera de las dos Cámaras al cerrarse la legislatura, deberán seguir los trámites constitucionales en la legislatura siguiente, hasta ser convertidos en ley o ser rechazados. Cuando esto no ocurriese así, se tendrá el proyecto como no iniciado».

El proyecto de Código Penal fue aprobado por el Senado y remitido a la Cámara de Diputados, donde fue remitido a estudio, pero su aprobación no se produjo en la segunda legislatura ordinaria del 2003, prorrogada por 60 días, ni tampoco en la primera extraordinaria convocada a partir del 13 de enero de este año por el Poder Ejecutivo.

El proyecto que crearía la Fiscalía Anti-corrupción también «perimió» en la Cámara Baja y en el Senado los proyectos de reforma de la Ley de Casación, original de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Sobre esta pieza el presidente de la SCJ, doctor Jorge Subero Isa, expresa en la comunicación anexa a su sometimiento que esta iniciativa busca evitar que este recurso sea utilizado por litigantes que sólo persiguen retardar la solución de los casos.

El tribunal supremo también sometió al Senado, pero con la nueva convocatoria del presidente Mejía perdió vigencia, el proyecto sobre registro inmobiliario.

Subero expresa en el mensaje anexo que ésta es una pieza crucial en el proceso de cambios que el liderazgo nacional ha identificado como indispensable para colocar la República Dominicana a la altura institucional de este siglo.

El doctor Subero precisa que esta legislación busca rodear de la mayor seguridad el registro de los derechos sobre las propiedades inmobiliarias.

También quedaron sin efecto el proyecto de Ley de Protección al Consumidor y el de modificación de la ley sobre organizaciones no gubernamentales.

Entre los cientos de proyectos que «murieron» también se encuentran el de Elecciones Primarias, cuyo conocimiento recomienda el jefe del Estado en el decreto mediante el cual convoca a una segunda legislatura extraordinaria.

Igualmente quedaron como no iniciados los proyectos de incentivo al turismo marítimo, el de Ley de Amparo, de contratación de obras del Estado, que busca regular el «grado a grado», el que crea la Superintendencia de Tránsito Terrestre y el que castiga el expendio de alcohol en los alrededores de las universidades y demás centros educativos.