WASHINGTON (AFP).- La administración de George W. Bush culmina el año con una serie de desaires en el Congreso estadounidense, donde su dividida mayoría republicana tuvo que revisar a la baja sus ambiciones en varios aspectos clave de política económica y seguridad.

En el Senado, la prórroga por sólo seis meses del proyecto de “Ley Patriota” —luego de que desde hace una semana Bush y su estado mayor no cesaron de reclamar una aprobación de “todo o nada” (prórroga indefinida o en su defecto ‘fracaso’ imputable según ellos a la oposición demócrata)— ha sido sin duda el revés más doloroso.

Mientras la Casa Blanca hizo lo que pudo saludando una “victoria para el pueblo estadounidense”, el jueves un influyente republicano de la Cámara de Representantes, el conservador James Sensenbrenner, extendió la batalla política al reducir la prórroga de seis meses a apenas cinco semanas, lo cual anuncia nuevos enfrentamientos luego de las fiestas de fin de año.

“Me parece que el Congreso comprende que hay que mantener la Ley Patriota, que aún estamos bajo amenaza y que todavía existe un enemigo que nos desea el mal”, se limitó a señalar Bush, quien horas antes había lanzado un llamado a los congresistas para superar las divisiones partidarias.

De hecho, la presidencia estadounidense no tiene otra opción que replegarse ante una oposición demócrata más unida que nunca que logró captar para su causa a un puñado de republicanos en sus intentos por hacer fracasar las prioridades presidenciales.

Sobre la Ley Patriota, cuatro republicanos del Senado afines a la defensa de las libertades individuales se unieron a la demanda demócrata de limitar las acciones de las fuerzas del orden, al reclamar una postergación para reescribir ciertas disposiciones de esta ley, promulgada en medio del caos de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y de la cual 16 capítulos expiran el 31 de diciembre.

Como lo hizo Bush en las últimas semanas, el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan, acusó el jueves a la oposición de oponerse a la Ley Patriota para “marcar puntos políticos” antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Del lado de la economía, el miércoles fue evitado un fracaso por escaso margen de un plan de reducciones presupuestales por 40.000 millones de dólares.

   El texto —aprobado gracias al voto determinante del vicepresidente Dick Cheney, que volvió precipitamente al país de una gira internacional— marcó la primera vez desde 1997 y los años del gobierno de Clinton que Washington se impone una cura de austeridad, que afectará esencialmente a estudiantes y beneficiarios de programas sociales.

   Por el contrario, las disensiones internas, que ya habían obligado a revisar a la baja un plan de ahorro que lucía muy ambicioso, impidieron a los republicanos -al menos en forma provisoria- poner en práctica las reducciones de impuestos promulgadas en los últimos años. Sin embargo, el debate sobre este tema podría retomarse en febrero.

   La Casa Blanca también tuvo que apegarse a una ley de prohibición explícita de la tortura, que Bush podría promulgar estas semanas en el marco del presupuesto de Defensa, tras meses de intensa campaña conducida por el republicano John McCain.

   Además, la presidencia debió renunciar una vez más a abrir una reserva natural de Alaska -la Arctic National Wildlife Refuge- a las perforaciones petroleras en el marco de su búsqueda de la independencia energética.

   Este proyecto figura en el programa de Bush desde su elección en noviembre de 2000 y, hace algunas semanas parecía que podría beneficiarse del descontento del electorado ante el reciente récord en el precio de los combustibles. Pero ese récord fue reabsorbido y la dividida mayoría no pudo vencer las tácticas de obstrucción al proyecto, encabezada por responsables tan respetados como los ex candidatos demócratas a la presidencia John Kerry y Joseph Lieberman.