Un juzgado de Guatemala decidió que el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi no debe enfrentar juicio por el caso Odebrecht, donde fue acusado de recibir millonarios sobornos para beneficiar a la constructora brasileña.

La decisión la tomó el juez Juan Jiménez, titular del juzgado de mayor riesgo «D» y ordenó que cese la investigación contra Sinibaldi, según explicó una fuente del Organismo Judicial guatemalteco este viernes.

Sinibaldi, quien fue ministro de Comunicaciones durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), estaba acusado de lavado de dinero y cohecho pasivo por supuestamente haber recibido entre 2011 y 2013, unos 18 millones de dólares en sobornos para beneficiar con contratos a la firma Odebrecht.

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La acusación contra Sinibaldi fue descartada porque en junio de 2022 el fiscal Rafael Curruchiche, responsable del caso, solicitó anular los testimonios de dos directivos brasileños que señalaban al exministro de recibir sobornos.

El fiscal Curruchiche, quien pidió eliminar las pruebas contra Sinibaldi, fue sancionado en 2022 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, acusado de socavar investigaciones de corrupción.

SINIBALDI EN LA POLÍTICA

Entre 2009 y 2015, Sinibaldi fue uno de los hombres fuertes de la política guatemalteca y, según testimonios judiciales, llegó a manejar más de 25 millones de dólares en sobornos.

Sinibaldi se entregó a las autoridades en agosto de 2020 tras cuatro años como fugitivo y se encuentra sindicado de corrupción en otros cuatro casos, incluido el denominado «Cooptación del Estado», donde se detalla un millonario desfalco estatal durante el Gobierno de Pérez Molina.

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El 22 de julio de 2019, un tribunal guatemalteco condenó a tres personas vinculadas con Sinibaldi y el excandidato presidencial condenado en Estados Unidos, Manuel Baldizón, por su participación en el caso Odebrecht, tras su implicación en 2018.

El caso Odebrecht se vincula a investigaciones internacionales de corrupción como los casos Lava Jato, en Brasil, y el caso Odebrecht en Estados Unidos, por el cual se investiga el pago de sobornos en 12 países de Latinoamérica.

En Guatemala, varios expertos advierten que las actuales autoridades del Ministerio Público (Fiscalía) están persiguiendo a los operadores de justicia que en el pasado descubrieron redes criminales de corrupción incrustadas en el Estado.