SANTIAGO DE CHILE,  (EFE).- La XVII Cumbre Iberoamericana fue clausurada ayer en Santiago de Chile con la firma de varios acuerdos de contenido social y una demostración de los distintos enfoques, actitudes políticas y sensibilidades que enfrentan a algunos de sus dirigentes.

La presidenta chilena y anfitriona, Michelle Bachelet, valoró como “histórica” la reunión, “porque la Declaración de Santiago ha innovado en bastantes cuestiones sustantivas” de marcado carácter social, y está acompañada de un Plan de Acción con pasos concretos para facilitar su implementación.

La mandataria se esforzó, durante la conferencia de prensa final y ante las reiteradas preguntas de los periodistas, por restar trascendencia y desligar de los resultados de la cumbre el choque verbal protagonizado en la sesión de clausura por los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Nicaragua, Daniel Ortega, con la delegación española, que provocó que el rey Juan Carlos abandonara la sesión.

Bachelet defendió que en América Latina “hay diversidad en la manera de enfrentar muchas cosas” y “tenemos que respetar nuestra diversidad y manifestarla con respeto” y “no hay que dramatizar».

Lo más importante de la cumbre de Santiago para Bachelet es que “por primera vez reconocemos y acordamos impulsar una política de enfoque público” para garantizar acceso universal a los servicios sociales.

Ello es necesario, porque “la experiencia demuestra que el mercado no garantiza el acceso a los servicios sociales de aquellos que no pueden pagarlo».

En este contexto, recordó que América Latina cuenta con 205 millones de pobres.

También destacó el acuerdo para dar “un fuerte impulso” a la Educación en todas sus vertientes y la aprobación del Convenio de Seguridad Social Iberoamericano, “del que podrán beneficiarse más de 5 millones de inmigrantes”, y que permitirá que los trabajadores de la región puedan acumular a la hora de la jubilación todas sus cotizaciones independientemente del país o países donde las hayan realizado.

Subrayó también la iniciativa española para crear un Fondo del Agua, al que el Gobierno español aportará 1.500 millones de dólares para un periodo de cuatro años.

“Es un gran esfuerzo que hemos reconocido y agradecido al Gobierno español”, dijo.