Hoy 
POR TANIA HIDALGO
El director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Juan Hernández, declaró ayer que semanalmente son cerrados entre cinco y seis negocios por evasión fiscal.
También dijo que muchas personas han sido sometidas a la justicia por esta inconducta, es decir, por dejar de cumplir con sus responsabilidades fiscales.
Este año la DGII ha superado sus estimaciones de recaudación.
Nosotros incorporamos parte del proyecto de criminalización a la última reforma como un mecanismo de tener una sustentación desde el punto de vista legal para las acciones que hay que aplicar para poder complementar los planes antievasión, precisó.
Durante su participación en el programa semanal de la Fundación Institucionalidad y Justicia, conducido por Servio Tulio Castaños, el funcionario expresó su preocupación respecto a la mala percepción que existe de la Ley 226-06, que otorga autonomía a la DGII, en el sentido de que las autonomías otorgadas a las instituciones estatales son sinónimos de no rendición de cuentas, despilfarro y libertad de gastos.
Indicó que para el caso de la administración tributaria hace años que en América Latina se tiene esta práctica, ya que la burocracia en la asignación de los gastos obstaculizaba las acciones del órgano recaudador tendentes al control del cumplimiento tributario o su evasión por parte del contribuyente.
Lo que se ha planteado en la Ley 226-06 es que exista cierta continuidad en la labor de recaudación, siendo los puestos de dirección de libre remoción pero los puestos técnicos de carrera, manifestó.
Por otro lado, el director de la DGII informó que en estos primeros seis meses del año se han compensado automáticamente más de 4,500 millones de pesos a los contribuyentes.
De igual manera, resaltó la importancia de los comprobantes fiscales, tras indicar que han transparentado las operaciones de los contribuyentes.
Esta medida creó cierta inestabilidad, lo que llevó a muchas organizaciones comerciales, empresariales e industriales a solicitar esta amnistía para que estos cambios radicales de conducta por parte del Estado no sean una acción confiscatoria, precisó.
