SANTIAGO.- Las Secretaria de Industria y Obras Publicas dispusieron el cierre definitivo de una envasadora de gas licuado de petróleo ubicada en la comunidad La Herradura de esta ciudad, por no cumplir con los requerimientos establecidos para el funcionamiento de ese tipo de establecimiento.

La medida fue adoptada por una comisión integrada por funcionarios de ambas dependencias gubernamentales, la cual visito las instalaciones y comprobó que la envasadora de GLP funcionaba ilegalmente.

En contra del funcionamiento de esa planta existía además, un recurso de oposición amparado en un auto de alguacil que reposa en la Secretaría de Obras Públicas.

Se informó que el propietario de la misma no había depositado en Obras Públicas el formulario correspondiente, el cual debe ser expedido por Digenor.

Tras el cierre de la envasadora, representantes de diversos grupos comunitarios de la Herradura y sectores aledaños, encabezado por el licenciado José Salcedo, presidente de la Asociación de Juntas de Vecinos, manifestaron su apoyo a la disposición.

Esas entidades habían realizados protestas en esta ciudad y la capital, exigiendo a las autoridades competentes el cierre de esa envasadora, por considerar que no reunía las condiciones requeridas y porque, según afirmaron, representaba un peligro para la seguridad de los habitantes de esa comunidad.

Donde está ubicada la planta de GLP funcionan varios centros educativos y locales de iglesias, entre éstos, el Instituto Superior de Agricultura, que alberga a cientos de estudiantes.

El licenciado Salcedo dijo que toda la comunidad, a través de sus grupos más representativos están muy agradecidos con la decisión de las autoridades de Industria y Comercio, a través de Digenor y de Obras Públicas, por haber escuchado su reclamo, y haber dispuesto la clausura de la envasadora de GLP.

Asegura que el funcionamiento de esa envasadora ponía en peligro la salud y la educación de los habitantes de la zona.

«La Junta de Vecinos, el Comité de Padres Amigos de la Escuela, los Comités de Salud y Comunitarios, representantes de las iglesias, están muy agradecidos porque el gobierno, a través de Digenor y Obras Públicas, atendió al llamado que se les hizo», añadió.

Destacó que los funcionarios que participaron en el cierre de la planta, comprobaron previamente que no reunía las condiciones para operar.

Tras las protestas públicas realizadas por la comunidad, el director técnico de Digenor, licenciado Héctor Martínez, tras confirmar que la planta funcionaba de forma ilegal, había advertido no dispondría su cierre definitivo, y que en caso de que su propietario la reabra, podría proceder a la incautación de los equipos.