JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Si el gobierno no tiene recursos para mantener el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) siquiera al limitado nivel en que había pasado las últimas décadas, procede que lo cierre definitivamente y se economice los 32.3 millones de pesos que le destina cada mes.

El propio director del organismo, José Francisco Peña Guaba, se cuenta entre quienes sienten frustración por la precariedad a que ha sido reducido, imposibilitado de cumplir la función sino de estabilizar los precios, como le atribuye originalmente su ley orgánica, al menos de paliar la situación de algunos productores cuando la oferta supera la demanda.

Hasta el pasado gobierno, el INESPRE por lo menos compraba excedentes agrícolas y sostenía un programa de “ventas populares”, ofreciendo alimentos básicos a precios por debajo del mercado en los barrios más pobres de las grandes ciudades. Era lo más aproximado a un programa para paliar la pobreza sin llegar al puro asistencialismo reductor.

Un informe indica que entre enero y julio del 2004, el gobierno destinó mensualmente al INESPRE un promedio de 125.4 millones de pesos, el cual se redujo a 40.6 millones de pesos en los meses restantes de ese año.

Los 32.3 millones de pesos que está recibiendo cada mes del 2006, representan la cuarta parte de hace dos años.

Esa suma, confiesa el propio Peña Guaba, apenas alcanza para pagar los empleados, a los cuales se destina el 67 por ciento del subsidio, es decir 21.6 millones de pesos cada mes, y para abonar a deudas de 275.9 millones de pesos acumuladas con suplidores, para prestaciones a ex empleados y para el pago de servicios básicos.

En la importación de alimentos el INESPRE tenía algún margen de beneficio, a menudo vendiendo irregularmente las cuotas a comerciantes y traficantes. Esa fuente, que en la anterior administración alcanzó 1,429.5 millones de pesos, también se ha reducido a sólo 221.5 millones en los dos años de este gobierno.

Es muy probable que la reducción de los permisos de importación al INESPRE sea una decisión acertada, sobre todo cuando en los últimos años han disminuido las importaciones de alimentos. Una reorientación debería enfocarlo básicamente a productos nacionales para combatir la expoliación de los productores agrícolas, especialmente de los pequeños y medianos, manteniendo al mismo tiempo los mercaditos donde ellos mismos podían ofrecer sus frutos, que llegaron a ser decenas en numerosas ciudades.

Las ventas populares en múltiples momentos cumplieron un papel positivo en la oferta de alimentos a menores precios en los barrios más pobres. Era importante que no se trataba de dádivas humillantes.

Si ahora el dinero no alcanza para mantener esos programas, es imperdonable que se esté desperdiciando más de 32 millones de pesos cada mes para mantener parasitariamente un reducto burocrático de cientos de personas.

Es cierto que Peña Guaba se fajó por el partido de gobierno y el presidente Fernández en las tres últimas elecciones y que su Bloque Institucional Socialdemócrata ha sido el aliado que más votos aporta, pero por eso mismo podrían buscarle un oficio más digno a él y sus seguidores allí enquistados. Muchos de ellos a lo mejor podrían hasta ser buenos para ser enganchados y entrenados por la Policía Nacional que requiere recursos humanos.

Aunque bien vista la situación del gobierno y su pobre política de gasto social, a lo mejor lo más conveniente fuera reactivar los mercados de productores, las compras de excedentes y las ventas a bajos precios en los barrios. Tal vez eso mejore el promedio de bateo del gobierno.-