La violación sexual de una menor de edad haitiana atribuida a un militar dominicano adscrito a la Dirección de Migración en Punta Cana se sumó con gravedad delictiva y de oprobio a un registro de denuncias de atropellos que se extiende en el marco de operaciones para repatriar a extranjeros considerados de presencia irregular. Tras estas, ha faltado la sistematicidad de investigaciones a cargo de autoridades externas al órgano actuante a fin de comprobar la veracidad para proceder judicialmente contra hechos cometidos con investidura oficial; subalternos en descarrío de un Estado al que exponen al descrédito. De riesgo para la imagen del Gobierno por su propósito de aplicar las debidas restricciones legales al ingreso de personas desde el exterior y negado a montar centros para refugiados en su territorio. Una solidez de posición que puede prestarse a confusión y distorsiones para insistir en acusaciones a República Dominicana de incurrir en continuas violaciones de derechos a ciudadanos foráneos.

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Actos reprobables y escapados de límites ciertamente que reclaman de las superioridades una vigilancia más directa y sancionadora sobre patrullas instruidas para privar de libertad a ciudadanos no autorizados a permanecer en el territorio nacional, los que no deben ser agredidos en su dignidad ni ser objeto de maltrato en redadas que se llevan de encuentro a transeúntes por su mera apariencia y sin comprobar su condición documental. Nos sorprende que todavía ayer no se había identificado ni interrogado al violador.