En la cárcel pública de Higüey, 407 de los 441 presos eran preventivos, según ha informado el general Juan Ramón de la Cruz Martínez, director general de Prisiones.

De estas cifras se desprende que un 92% de los reclusos de ese recinto estaban en la fase procesal y que solo un 8% había sido juzgado y cumplía condena definitiva.

De los 441 reclusos de la misma cárcel han perdido la vida 135, es decir, un 31%. Se ha establecido que de los fallecidos, 95 (un 70%) estaban en la fase de prevención, con juicios pendientes y sin condenas definitivas, lo que indica que muchos de éstos podían estar amparados en la presunción de inocencia que disponen las pautas procesales vigentes.

Pero hay algo más; la población en la cárcel pública de Higüey triplicaba la capacidad del recinto y se calcula que la relación de ocupación era de por lo menos seis personas por metro cuadrado, lo que quiere decir hacinamiento en la peor de las condiciones.

–II–

¿Son estas cifras y proporciones exclusivas de la cárcel pública de Higüey o se aproximan a las condiciones que predominan en las demás cárceles dominicanas? Los hechos apuntan a que la situación de Higüey es una muestra de lo que ocurre en el resto de las prisiones nacionales.

Todo cuanto hemos señalado y todo lo que queda sobrentendido constituye un mentís contundente a nuestras proclamas de progreso en celeridad judicial y respeto de la dignidad humana.

No es cierto que se haya avanzado en descongestionar las cárceles y los tribunales mediante la disminución del número de presos preventivos. Las cifras desmienten el discurso.

Si las cifras que corresponden al recinto carcelario de Higüey se aproximan a las de otras cárceles, queda desmentido que hayamos mejorado las prisiones y disminuido el número de prevenidos. Ni siquiera las prerrogativas que el Código Procesal Penal establece han logrado mellar la contundencia de esta desbordante proporción de presos preventivos.

Otro aspecto es que las condiciones en que son mantenidos los presos son realmente infrahumanas y constituyen un caldo de cultivo para motines y tragedias.

Por ejemplo, en la Penitenciaría Nacional de La Victoria solo se suministra alimento a 2,000 de los 3,400 presos que hay, lo que obliga a los 1,400 restantes a contar con medios (estufas eléctricas o de gas, utensilios de cocina, colmados y otros) para procurarse el alimento.

Son cifras para un gran mentís a la euforia conque se proclaman tantos logros en materia judicial y de respeto a los derechos humanos.

Al presidente de la Confederación Nacional del Transporte (CONATRA), Antonio Marte, habrá que demostrarle que tiene que ajustarse a la ley y que, por tanto, no puede tomar para sus particulares intereses bienes o lugares públicos, como la parada del kilómetro nueve de la Autopista Duarte, y desafiar a la autoridad que pretenda hacer que los desocupe.

El Ayuntamiento del Distrito Nacional tiene una oportunidad de oro para hacer la demostración, sin imitar sus aspavientos, pero con toda la energía que la ley le confiere. Adelante.