El debate resulta tan útil como inútil y perjudicial deviene la diatriba. Hasta ver los resultados, francamente no nos atrevemos a señalar si lo que se está produciendo en las altas jerarquías de la seguridad pública corresponde a una cosa u otra.

Lo cierto es que mientras la sociedad en general tiene grandes preocupaciones por la inseguridad y el boom de las operaciones de bandas de delincuentes armados, el secretario de Interior y Policía y el jefe de la Policía Nacional están enfrascados en una confrontación —que no enfrentamiento— que hasta el momento aporta poco a la solución del problema.

Cada uno de estos funcionarios conoce los límites de su autoridad y uno de ellos es superior jerárquico del otro. La Constitución y las leyes indican muy claramente los procedimientos que deben ser aplicados en casos de que se alegue incumplimiento de deberes o irregularidad en el ejercicio de la autoridad.

En virtud del señalamiento anterior, no entendemos cuál puede ser el aporte, en términos de solución y efectividad en el combate de la delincuencia, que podría derivarse de estas exposiciones públicas, cuando están de por medio —ya lo hemos dicho— los procedimientos de ley para resolver estas cosas. Con una criminalidad desafiante y envalentonada, vale más tomar las decisiones que haya que tomar antes que sumir en más descrédito al organismo que debe velar por la seguridad de los ciudadanos y sus propiedades.

—II—

Los actos de corrupción que se atribuyen a la Policía deberían ser investigados por las instancias correspondientes y de ser necesario sometidos a juicio en la jurisdicción correspondiente. Eso haría más bien que ahondar la falta de confianza que tiene mucha gente en la Policía Nacional, por cuestiones de comisión y omisión.

Hasta demostración en contrario, se le está dando a los ciudadanos un espectáculo de muy mal gusto, que en nada satisface la aspiración de que mejore la seguridad. Si, como dice el secretario de Interior y Policía, hay policías que pagan para que se les permita trabajar en establecimientos privados, ¿qué se espera para sacarlos de ese organismo junto a los oficiales que, según la denuncia, cobran por permitir tal desfachatez?

El debate, si es oportuno, resulta de gran utilidad para la sociedad, sobre todo si aporta soluciones a los problemas de la comunidad. De lo contrario deja mucho que desear y es lo que parece que habrá de quedar de todo cuanto ha estado ocurriendo.

Quede claro que no estamos catalogando las afirmaciones de uno u otro funcionario. La verdad de todo que la saque a relucir una investigación de la instancia correspondiente, apoderada por las vías que claramente establecen la Constitución y las leyes.

Todos estamos claros en que hay que limpiar la Policía Nacional, pero de la manera correcta, aprovechando todo lo bueno que en ella queda y segregando lo podrido. Sin alharacas ni circo, sino con acciones institucionales.