POR EVARISTO RUBENS
Cerca de 70,000 dominicanos dependen directa e indirectamente de la producción nacional de arroz, habichuela, ajo, cebolla, caña de azúcar, leche y carnes de pollo, res y cerdo.

Estos datos fueron suministrados por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), la principal organización de productores y agroempresarios del país, la cual elaboró un anteproyecto de ley de apoyo directo al productor.

La JAD establece que el Programa de Apoyo Directo al Productor Agropecuario (PROAGRO) consiste en la asistencia financiera a los productores de bienes sensibles que les permita prepararse para enfrentar un ambiente mucho más competitivo en los mercados, con la entrada en vigencia en julio próximo del Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y Centroamérica (DR-CAFTA).

En la primera etapa entrarán en ese programa de asistencia los productos considerados como más sensibles (arroz, habichuela, ajo, cebolla, caña de azúcar, leche y carnes de pollo, cerdo y res).

La JAD explica que el apoyo a los productores consistirá en la entrega de recursos monetarios o su equivalente por cada unidad de terreno o unidad animal, para contribuir a mejorar el ingreso familiar y se orientará fundamentalmente, a varios propósitos.

Entre estos, una compensación que reduzca los costos de producción por el uso de insumos modernos para el productor y la adopción de nuevas tecnologías que contribuyan al incremento de la productividad, las buenas prácticas agrícolas y/o reconversión productiva.

Asimismo, el aporte a la capitalización de las unidades de producción y de los sistemas productivos y la  adopción de prácticas agrícolas que conserven y/o recuperen la capacidad productiva de los recursos naturales. La JAD explica, además, que los productos han sido seleccionados en base a la sensibilidad de la apertura comercial y los programas de apoyo doméstico que conducen los países desarrollados a sus agricultores, y a un gran número de productores involucrados en sus actividades y el impacto en la generación de empleos en las comunidades rurales.

También, a base de la importancia en el mantenimiento de la seguridad alimentaria en las zonas de producción.

La entidad asegura que el PROAGRO es una necesidad como mecanismo de compensación para acompañar el proceso de apertura que se genera con el DR-CAFTA.

Señala que se requiere de un apoyo financiero y tecnológico para dinamizar el proceso de transformación productiva del campo y además, la reconversión de cultivos y actividades con limitaciones de competitividad. Explicó que el apoyo se otorgará a los productores con cultivos o crianzas identificados como sensibles y que estén en posesión y usufructo legal de los predios en los cuales se haya demostrado legitimidad, tengan calidad de propietarios, aparceros o arrendatarios.

 El documento de la JAD precisa que la administración del PROAGRO estaría en poder de la Secretaría de Agricultura, que creará una unidad ejecutiva especializada en la administración del programa.

En esa ejecución y supervisión, Agricultura contará con un consejo directivo de 7 miembros, presidido por el secretario de esa cartera e integrado por los administradores de los bancos, Agrícola y de Reservas y 4 miembros representantes de los sectores productivos en el programa.

Señala que se conformará un Registro Nacional de Productores del PROAGRO, a partir del registro de productores eleborado por Agricultura en 1998, del Padrón Georeferenciado de Productores Agropecuarios del Proyecto de Apoyo a la Transformación Agroalimentaria (PATCA) y de solicitud de registro de los interesados. La JAD expresa que son varias las fuentes de financiamiento del programa, para el que se necesitarían unos US$142.4 millones o su equivalente en moneda nacional cada año.

Entre ellas se cita apropiaciones presupuestarias procedentes de la reforma institucional del sector agropecuario y del reenfoque de los programas de apoyo que ofrecen las instituciones del sector.

Asimismo, financiamientos provenientes de los organismos multilaterales de crédito y las agencias de cooperación internacional.  En México, que aplicó un programa similar, se inició el programa con recursos del Estado y un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial.

Otras fuentes de financiamiento pudieran ser identificadas en el proceso de puesta en marcha y desarrollo del programa.