POR GERMAN MARTE
La embajadora de España en el país, Almudena Mazarrasa, afirmó ayer que el irrespeto a las leyes, el incumplimiento de acuerdos y la corrupción son elementos que generan un clima desfavorable para la inversión extranjera en la República Dominicana. A juicio de la diplomática, si una parte sabe que no está en condiciones de cumplir con determinadas condiciones, no debe firmar acuerdos, pues con cada retraso en los plazos el inversionista pierde dinero.

«Y si hay corrupción, pues también. Seamos sinceros», manifestó Mazarrasa, tras lo cual indicó que si un empresario tiene que pasar algo por las aduanas, pero no logra hacerlo porque una persona le exige «algo» a cambio, entonces se perjudica su inversión.

Y esto, subrayó Mazarrasa, tiene un efecto psicológico muy grande, pues la economía se mueve también por efectos psicológicos.

«Ustedes conocen bien que en este país se hacen leyes que luego no se respetan, no creo que en eso les esté enseñando nada nuevo», dijo la embajadora durante el Almuerzo Semanal de los Medios de Comunicación del Grupo Corripio.

  «Si yo soy inversor y quiero invertir en un país, lógicamente me voy a un país en el cual el clima es más favorable a mi inversión, no donde yo tenga que estar luchando para que en un momento determinado una ley se cumpla, no donde yo tenga que estar luchando para que el contrato que yo he firmado se cumpla», indicó.

Empero, explicó que los problemas pueden ser no porque la otra parte voluntariamente no quiera cumplirla, sino porque haya retrasos en la ejecución, en los cumplimientos de lo acordado. «Mientras tanto, el inversor ha puesto dinero y lo tiene que rentabilizar y a lo mejor no puede esperar tres años para que se cumplan las condiciones».

Asimismo, dijo que en el país se pueden firmar acuerdos que por diversos motivos no se llevan a efecto. La embajadora también señaló la corrupción como uno de los factores que afectan la inversión extranjera,

No se trata solamente de un problema legal, aseguró, se trata de un clima que no necesariamente es el que más facilita la confianza del empresario español.

Mazarrasa señaló que en el año que lleva al frente de la legación diplomática en el país ha observado bastantes problemas.

UNION FENOSA

En otro aspecto, la embajadora Mazarrasa dijo que la parte dominicana está cumpliendo con los acuerdos a que se arribaron con Unión FENOSA, cuando el gobierno decidió comprar las acciones de las distribuidoras de energía.

Ante las críticas que se le hacían en el país a la empresa de capital español, Mazarrasa adujo que una compañía no invierte para no recuperar lo invertido, porque no son organizaciones caritativas.

Significó que Unión Fenosa no vino al país a regalar la energía eléctrica, porque es una empresa y no puede regalar la electricidad, sino que tiene que cobrarla. Indicó que había deudas con Unión Fenosa y que ahora se han renegociado y todo marcha bien.

  De su lado, el consejero económico y comercial, Luís Ruiz Arbeola, acotó que ha habido seis, siete u ocho casos de inversionistas españoles que han tenido muchos problemas en el país y se han tenido que marchar.

Sin embargo, el funcionario prefirió no mencionar por sus nombres a las empresas que aparte de Unión FENOSA –que tuvo una salida traumática del país-

FALTA DE AHORRO

El consejero económico y comercial de la embajada de España consideró que el problema de América Latina es la falta de ahorro, «como no hay ahorro no se invierte y si no se invierte no se crece».

Arbeola consideró que una forma de romper con este círculo es con la inversión extranjera directa, no endeudando al país. En consecuencia, según su opinión, el futuro está en crear ambientes atractivos para la inversión extranjera, pero hay muchos casos en que eso no está sucediendo, y eso le preocupa tanto a España como a los países receptores de la inversión.

Abogó por un cambio en piezas tácticas para la inversión, apoyado en las instituciones y el interés local, pero sin ocultar que ha habido problemas.

Según el diplomático, donde menos inconvenientes se han producido es en el sector turismo, porque esa área está fuera de la discrecionalidad, de las leyes y los reglamentos y de que un funcionario decida si una cosa se puede hacer o no.