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La jueza del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional citó para la próxima semana al gobernador del Banco Central, José Lois Malkun, y al superintendente de Bancos, Julio Cross, en calidad de querellantes, para que aporten datos sobre la acusación hecha contra seis ex ejecutivos y directivos del Banco Mercantil, sometidos a la justicia por haber dispuesto ilegalmente de RD$6,500 millones.
La magistrada Rosalba Garib requirió la presencia de Malkún en el tribunal para el día 4 de junio, y la de Cross para el 7 del mismo mes, a fin de que motiven el sometimiento incoado contra Andrés Aybar Báez, Evelyn Altagracia Pérez Montandón, Eduardo Jacinto Alejandro de Castro Sánchez, Ramón Aref Henríquez Risk, José Manuel Mateo Contreras y Rafael Maximiliano Moya Hernández.
Los ex ejecutivos y directivos del Mercantil están acusados de falsedad en escritura pública, falsedad de documentos de comercio y de banco, estafa calificada, abuso de confianza y alteración y manipulación de datos y documentos.
Malkún y Cross interpusieron una querella contra el grupo ante el fiscal del Distrito Nacional, Máximo Aristy Caraballo, pero antes de que éste concluyera la investigación, decidieron apoderar el caso de manera directa por ante la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción, Doris Pujols Ortiz, tras alegar inercia del representante del Ministerio Público.
Sin embargo, Aristy Caraballo, al emitir su dictamen pidió que el sometimiento bajo su investigación sea anexado con la querella presentada vía directa a ese tribunal por los abogados del Estado, Ramón Pina Acevedo Martínez, Artagnan Pérez Méndez, Carlos Salcedo, José Lorenzo Fermín y Jorge Luis Polanco, por entender que entre ambas querellas existe una conexidad absoluta.
En torno a la querella presentada por las autoridades monetarias y financieras el pasado 16 de abril, el fiscal interrogó a Aybar Báez, Pérez Montandón, Henríquez Risk y Moya Hernández, quienes fueron acompañados de sus respectivos abogados Eric Raful, Marino Elsevif Pineda, Carlos Balcácer, Frank Reynaldo Fermín y José Perpiñan.
Según de los abogados del Estado, la falsificación y manipulación irregular de documentos se hizo con la intención de desviar la fiscalización e investigación de las autoridades monetarias y financieras para elaborar y aprobar balances de estados financieros adulterados o falsos.
Expresa que todas las irregularidades buscaban ocultar operaciones fraudulentas en el Banco Mercantil, delito previsto y sancionado por la Ley 183 02 del 21 de noviembre del 2002, que regula las operaciones monetarias y financieras del país.
El fiscal Aristy Caraballo sometió el grupo a la justicia libre bajo investigación tras determinar que existen indicios graves, precisos, serios y concordantes que comprometen la responsabilidad penal de los inculpados.
