El viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) considera que las organizaciones no gubernamentales contribuyen a la buena gobernanza al verificar el cumplimiento de los planes y proyectos estatales y el uso adecuado de los recursos públicos.

Juan Tomás Monegro habló sobre el tema ante representantes de asociaciones sin fines de lucro reunidos en un seminario auspiciado por el Ministerio y Alianza ONGs en el hotel Barceló, informó este miércoles la Unidad de Comunicaciones del Ministerio.

El funcionario recordó, informó este miércoles la Unidad de Comunicaciones del Ministerio,  que la ley de planificación ordena coordinar y propiciar la participación público-privada en la formulación de planes y proyectos de desarrollo territoriales cuya inversión haya sido priorizada de manera participativa.

Monegro dijo además que para ese logro están los consejos de desarrollo municipales, provinciales y regionales integrados por gobernadores, alcaldes, congresistas, empresarios, educadores, profesionales, sector agropecuario, juntas de vecinos y ONGs.

“Una de las funciones de estos consejos es precisamente dar seguimiento (veeduría) a la ejecución de los planes y proyectos. De ahí que están consignados los mecanismos de participación de la sociedad civil en los procesos de planificación”, comentó.

Monegro destacó que en la participación en el monitoreo y la evaluación de la Estrategia Nacional de Desarrollo y del Plan Plurianual la ley manda promover la participación social en la formulación, ejecución, auditoria y evaluación de las políticas públicas.

“La creación de estos espacios y mecanismos institucionales facilitan la corresponsabilidad ciudadana, la equidad de género, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas, la veeduría social y la fluidez en las relaciones Estado-sociedad”, comentó.

En ese sentido consideró que el Consejo Económico y Social (CES) es el mecanismo por excelencia para la veeduría  social en el monitoreo y la evaluación del accionar estatal.

Indicó que, en línea con lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo, propiciar la participación de la sociedad civil en la cogestión de lo público es relevante porque aumenta la eficiencia, la entrega de servicios a menor costo, la eficacia, más cercanía y calidez al beneficiario y el aumento de la calidad, debido al desarrollo de la especialización.

Empero, advirtió que para eso se precisa contar con ONGs que para la prestación de servicios a la comunidad cumplan con todos los requisitos de ley y las normativas en la materia, por cuanto los recursos que recibirán para ello provienen del presupuesto público. 

El objetivo del seminario fue promover la participación pública y la concertación mediante la puesta en común de las perspectivas de funcionarios gubernamentales y actores de sociedad civil sobre los mecanismos de participación en los sistemas de planificación y en la política social.

En el mismo también expusieron Giselle Scanlon, directora ejecutiva del Instituto de la Salud (Insalud); Alejandro Mercedes, asesor del Viceministerio de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad del Ministerio de Hacienda, y el director ejecutivo del Centro de Asociaciones sin Fines de Lucro del MEPyD, Hernán Paredes, y Milton Tejada, consultor de Alianza ONG.

Paredes recordó que, entre otras línea de acción, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo plantea fortalecer los sistemas de supervisión pública y privada para permitir el castigo de los delitos administrativos en el Estado y en las instituciones que reciben fondos públicos.

Pero también es una línea de acción modificar la modalidad de entrega de recursos públicos a las ONG, transformando los actuales subsidios que ellas reciben en transferencias de recursos mediante convenios de gestión.

Dijo que esa es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene que organizar, racionalizar y sistematizar las relaciones entre el Estado y las asociaciones sin fines de lucro.

En cuanto al Observatorio sobre la aplicación de la ley en la materia, que se aprobó hace más de 8 años, dijo que se observan debilidades importantes en la aplicación de instrumentos fundamentales como la habilitación o puesta al día de las mismas.

Paredes dijo que por esa razón se hace necesario un monitoreo sistemático y permanente de la aplicación de este marco jurídico.

Recordó, por tanto, que el Observatorio de Aplicación de la Ley 122-05  se convertirá en una herramienta de control y evaluación de la efectividad con que todas las instancias público-privadas aplican las ordenanzas legalmente establecidas, pero también contribuirá a crear o a mejorar los mecanismos más adecuados para ejecutar la política establecida.