POR MANUEL JIMÉNEZ
La quiebra bancaria que precipitó al país a una de su más grave crisis económica en el año 2003,tuvo su origen, entre otras causas, en la existencia de “prácticas de influencias que dificultaban la actuación preventiva, rectificadora y sancionadora que correspondía asumir a las autoridades” de turno, según concluyó un panel de expertos extranjeros.

El panel,  contratado por el Banco Central, sostuvo que a estas “prácticas de influencias” contribuía también “un cierto estado de temor generalizado de que enfrentarse con los centros del poder, podía acarrear represalias”.

“Existía también la sensación de una suerte de impotencia para rectificar rumbos, considerando la impunidad con que se iban desarrollando acciones cada vez más cercanas a poner en jaque la estabilidad del sistema financiero”, sostiene el informe publicado la noche del jueves en el portal de Internet del Banco Central de la República.

Este panel de expertos integrado por José Florencio Guzmán, Ernesto Livacic y Claudio Mauch, fue contratado por el Banco Central como parte de los compromisos que asumió el país al iniciar las negociaciones para un primer acuerdo con el Fondo Monetario.

Aunque en el informe se reconoce que la quiebra de los bancos, Intercontinental (Baninter), Mercantil y Nacional de Crédito (Bancrédito) fue el principal detonante de la crisis económica que golpeó severamente a los dominicanos en la administración anterior, se señala entre sus causas una “supervisión irresponsable”.

Destaca entre los problemas que más resaltan de la crisis de Baninter, Bancrédito y Mercantil, la existencia de “registros contables inadecuados, contabilidad paralela, fraudes, préstamos vinculados, inadecuados controles internos, mala calidad de la cartera de créditos, insuficiencia de las provisiones de riesgo, problemas de liquidez y su efecto en el costo de fondos, descalces en los bancos y deudores de monedas, banca off Shore y, en sentido general, inadecuada supervisión”.

En el caso del Baninter, los expertos sostienen que su colapso representó una pérdida de US$2,300 millones y que debido a su “contabilidad paralela” se transformó, en los hechos, en el principal banco del sistema financiero nacional.

Señala que en una inspección “general” realizada en el 2001 a la cartera de préstamos del Baninter, “se detectó un notable incremento en el riesgo de crédito, el que pasó de 5,99% a 13,06% y se reclasificó al 56% de los deudores evaluados, determinándose un faltante de provisiones MMD$ de 810, cifra que más que doblaba las utilidades del año”.

Dicen que esto habría significado una pérdida del 34% del patrimonio del Baninter, pero dado que las provisiones adicionales se podían diferir en un plazo de 3 años, ese año, es decir en el 2001, el Banco reflejo utilidades, dice el informe.

En el informe de 77 páginas y cuya publicación se corresponde con el ordinal 31 del nuevo acuerdo con  el FMI, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que la supervisión bancaria, a través de sus propios equipos, había detectado deficiencias significativas en los bancos, los cuales habían recibido asesoría de expertos extranjeros e  informes de organismos internacionales que daban cuenta de “serias debilidades patrimoniales y de la calidad de los procesos de seguimiento del riesgo”.

“Sin embargo, sus autoridades no reaccionaron con la oportunidad y contundencia necesaria para poner en práctica las recomendaciones formuladas, corrigiendo a tiempo las desviaciones, lo que al menos habría reducido el monto de las perdidas ocasionadas” se resalta en el informe.

Los expertos destacan que al irrespeto de las sanciones impuestas por la autoridad a los bancos, por violaciones a sus normas, se unen las debilidades estructurales de la Superintendencia General de Bancos, a la que atribuye algunas fallas, tales como la inexistencia de una inspección en cada banco de carácter integral y operativa, la insuficiencia de personal idóneo y con una capacitación adecuada.

Los expertos extranjeros resaltan, además, que “la avasalladora publicidad efectuada especialmente por una de las instituciones en problemas, su notoria y creciente presencia en distintos ámbitos de la economía, la profusa actividad social y presencia comunicacional  de sus principales directivos, su ritmo publico y notorio de gastos suntuosos y los rumores ampliamente difundidos, debieron haber alertado a las autoridades de la Supervisión Bancaria para una vigilancia más exhaustiva”.

En  el informe se destaca también que “resulta inadmisible la aparente falta de influencia que los funcionarios de la Supervisión bancaria habrían tenido en su actuar frente a los bancos fiscalizados, lo que se traducía en cosas tales como que la información pedida por los inspectores fuere entregada en forma exclusiva a través de un único ejecutivo del Banco y con un retardo que permitía eludir la situación consultada o impugnada”.

“Esta situación, y otras de muy difícil verificación de las cuales tuvo conocimiento el panel, reflejarían, por una parte, la ausencia de una cultura de verificación pública bien asentada, y por otra, la falta de respaldo de las autoridades superiores a los cuadros técnicos a cargo de la supervisión”, precisa el informe.

Los técnicos extranjeros critican también la realización de actividades “ajenas al sector bancario por parte de los bancos mismos o sus propietarios, con participación de partes vinculadas domésticas u off-shore” y la presencia en la dirección financiera “de personeros que no tienen la calificación propiamente de banqueros”.