Someter a la justicia a un funcionario por corrupción no es una tarea fácil en la República Dominicana, principalmente porque las auditorías de la Cámara de Cuentas (CC) no tienen méritos para ser judicializadas, afirmó ayer la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero.

Dijo que otro agravante es que los jueces, “alegando la tutela efectiva de los derechos de los procesados”, son consecuentes con los abogados que mediante incidentales procuran evitar el conocimiento del fondo de los proceso; y la tardanza del Tribunal Constitucional (TC) para decidir la inconstitucionalidad o no de la apertura de un archivo provisional.

No bastan “indicios”. En entrevista para Hoy, la funcionaria reveló que la mayoría de las auditorías que llegan a la PEPCA establecen simplemente “presunciones”, y luego que se investiga se comprueba que esos indicios no llegan a conformar realmente un tipo penal.