Varios proyectos de inversionistas extranjeros, sobre todo venezolanos, han enfrentado dificultades de índole jurídica para ser desarrollados en el país, luego de que la crisis política generara en Venezuela un clima de inversión en el que la seguridad jurídica se ha vuelto inexistente.
Muchos han sido los empresarios venezolanos que han buscado otros destinos para su inversión, siendo uno de los mercados favorecidos el de la República Dominicana. Solo de 2010 a 2017, República Dominicana recibió US$479 millones en inversión directa desde Venezuela, según estadísticas del Banco Central.
Y la expectativa es que esta inversión siga creciendo, como ha continuado, mientras la situación en ese país sudamericano se mantenga, trayendo capital muy bienvenido para mover el motor económico nacional.
Sin embargo, varios de esos inversionistas han enfrentado dificultades. Por ejemplo, en el caso de Gustavo Cisneros, que ha encontrado una larga y compleja cadena de permisos que desde 2015 han retrasado la apertura de su complejo de turismo de lujo de más de US$300 millones: Tropicalia.
Otro caso es el del empresario Francisco Flores Suárez, presidente y fundador del Consorcio Kingdom, con diversas inversiones en República Dominicana. Su barco privado de ocio y esparcimiento familiar bautizado como “The Kingdom”, fue involucrado en un proceso de transporte de drogas por la Dirección Nacional de Control de Drogas, y aunque este explicó que su propiedad fue utilizada por terceros y el empresario fue desvinculado de la operación, aún las autoridades del Ministerio Público se niegan a devolver la embarcación de costo millonario, según se ha informado. Empresarios de otras nacionalidades también han enfrentado dificultades.
Es el caso del empresario español Juan “Pepe” Hidalgo, cuya intención de seguir invirtiendo en más habitaciones hoteleras en el país no ha estado exenta de dificultades y conflictos por tierras, incluso en los tribunales.

Otro sector en el que se han presentado dificultades es en el minero.
Loma Miranda, una mina de Falcondo que nunca pudo ser explotada por la oposición de diferentes sectores, pasando los activos de la minera a nuevas manos ante la imposibilidad de seguir expandiendo sus actividades.
Tambíén está el caso de Gold Quest, una inversión de US$150 millones que se vio reducida ante múltiples detenciones de la operación por oposición concedida por los tribunales.

Dada la importancia que ha tenido la inversión extranjera para el país, a estas situaciones deben ser resueltas en aras de fortalecer la seguridad jurídica para los inversionistas.