POR LOYDA PEÑA
La poca preparación de los fiscales como investigadores de la acusación y del enjuiciamiento; la mala preparación del 90% de los abogados, y el rompimiento del equilibrio de igualdad entre el querellante y el imputado, son parte de los escollos más relevantes que, en la aplicación del Código Procesal Penal, han encontrado los diferentes operadores del sistema judicial.

Así lo expusieron ayer los doctores Pedro J. Duarte Canaán, y Francisco García Rosa, en el seminario-taller “Evaluación y Diagnóstico de la Implementación del Código Procesal Penal”, organizado por la Fundación Justicia y Transparencia.

A juicio del abogado criminalista Duarte Canaán, algunos artículos del Código Procesal Penal rompen el principio de igualdad de que habla la legislación, por lo que dijo, deben ser “afinados”.

Citó entre esos artículos, el 303, referente a los autos de apertura a juicio de fondo y el de “no ha lugar”, el primero de los cuales es apelable, y el segundo no; los artículos 83, 84, 85 y 86; el 118 hasta el 122, así como el 245, referentes a la cantidad de abogados que deben tener cada una de las partes, y al tope de la prisión preventiva.

“Además de la poca preparación de los fiscales y de los abogados, otro escollo que durante la práctica (aplicación del Código Procesal Penal) nosotros hemos podido encontrar, es la rebatiña que hay entre los fiscales y la Policía, porque, duélale a quien le duela, aquí quien resuelve, quien investiga, es la Policía, los fiscales citan, y los jueces no actúan porque son designados por política”, dijo Duarte Canaán.

El doctor Rosa, por su parte, dijo que el hecho de que el nuevo código sea una ley fundamentalmente “adversaria”, hace que todas las fases del proceso, desde la etapa preparatoria hasta las ejecuciones, sean contradictorias.

En su opinión, para equilibrar la balanza entre el imputado y la víctima, es necesario modificar, entre otros, el artículo 315, referente a las causas de suspensión del juicio de fondo, y lo relativo a la advertencia que hace la presidencia del tribunal.

“El Código Procesal Penal realmente es garantía, no permisivo; la gran dificultad que se presenta en él radica fundamentalmente en que la víctima, aunque hoy tiene más participación que ayer, está en desigualdad respecto del imputado”, puntualizó el doctor Rosa.

El seminario, que concluirá hoy, tiene como objetivo hacer un levantamiento de datos acerca de las dificultades que confrontan todos los responsables de su aplicación, a los fines de elaborar un documento con las conclusiones para una posible modificación a dicha legislación, informó el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, doctor Trajano Vidal Potentini.

Dijo que el documento será sometido para la discusión y el consenso de los diversos sectores de la vida nacional que tienen que ver con el sector justicia.

En el seminario-taller participan todos actores que intervienen en la aplicación del Código, es decir, representantes de la Policía Judicial, Policía Nacional, abogados, jueces, fiscales, víctimas y querellantes.

Además de Duarte Canaán y Rosa, participan como expositores también los doctores Blas Gutiérrez y Freddy Mateo Calderón, así como representantes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La actividad estuvo encabezada por la directiva de la Fundación que preside Vidal Potentini y que integran además los doctores Julio César de la Rosal, director ejecutivo, y Marcos Antonio Cruz, vicepresidente.