La propuesta de reforma a la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SNSS) incluye cambios importantes que de aprobarse convierten a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) en un ente omnipotente, al traspasarle atribuciones que ahora competen al Ministerio de Salud Pública, la Superintendencia de Seguros y a las administradoras de riesgos de salud.
Fuentes del sector revelaron a este diario que la propuesta erosiona, además, el rol del organismo rector del sistema, que es el Consejo Nacional de la Seguridad Social, le quita el poder de veto al sector laboral y empresarial para mantenérselo al Gobierno y aumenta los poderes de la SISALRIL.
Las fuentes advierten que esas decisiones transformarían el esquema tripartito del sistema basado en un equilibrio Estado-Patronos-Trabajadores, para convertirlo en un modelo con preeminencia estatal, controlado por los representantes del gobierno, según la última versión del proyecto que se conoce.
Refiere que ahora la ley promueve como fundamento de la seguridad social un equilibrio entre el Estado, como supervisor y los empleadores y trabajadores, que aportan el 100% de los recursos que financian el Seguro Familiar de Salud (SFS).
Agrega que ese enfoque que sería alterado para transferir el control al Estado, que sólo aporta al SFS lo que le corresponde pagar en beneficio de sus empleados y lo que entrega para los afiliados subsidiados en la administradora de riesgos de salud del Estado (SENASA).
“Este cambio de filosofía parece estimulado por un predominio en el equipo del Gobierno que impulsa la reforma, de funcionarios y asesores que consideran excesivo el papel que asigna la ley vigente a los actores del sector privado de la salud y entienden que esto impide el avance del componente de salud del SDSS”, explicó.
Añade que esa tendencia, que es adversada por el sector empresarial que teme que la omnipotencia estatal, a través del SISALRIL y el monopolio del poder de veto, conduzca a repetir la experiencia del fracasado Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), financiado por empleadores y trabajadores, pero dominado por el Estado.
Advierte que de aprobarse las transformaciones sugeridas, los superintendentes de salud y pensiones pasarían a ser miembros del CNSS, lo que significa que además de ser los supervisores serían parte del organismo que tiene la última palabra sobre sus decisiones. Es decir, se convertirían en jueces y parte.
El proyecto propone también traspasar a la SISALRIL la supervisión de las clínicas, laboratorios y otros servicios de salud, potestad que la ley orgánica del sector salud atribuye al Ministerio de Salud Pública.
Explica que en el caso de la libre contratación que tienen las ARS para crear su red de servicios, éstas estarán obligadas a aceptar todos los prestadores de servicios que habilite la superintendencia.
A eso se agrega la posibilidad de negociar las tarifas de servicios y honorarios, porque tendrán que asumir los que fije la SISALRIL, que tendrá la potestad para hacerlo, además desaparece la libertad de contratación de auditores médicos, porque sólo podrán emplear a los aprobados por la superintendencia.