Un documento elaborado por la Secretaría de Finanzas, para tratar de justificar que se violen los derechos establecidos en la legislación en favor de los autogeneradores o clientes no regulados, además apoyar un cambio en las reglas de juego en el sector eléctrico, está lleno de incoherencias, afirmaron ayer técnicos consultados.

Lo primero que resalta en los argumentos esgrimidos por Finanzas, según se explicó, es que para esa dependencia la aplicación de la Ley depende de circunstancias coyunturales, lo cual genera un ambiente de inseguridad jurídica.

Finanzas dirigió ayer un documento a un grupo de empresarios que había visitado al presidente Hipólito Mejía para pedirle que no aplicara un acuerdo de sostenibilidad acordado entre funcionarios públicos, las generadoras capitalizadas y las distribuidoras, el cual intentaba desconocer los derechos de los autogeneradores y clientes no regulados.

En el documento de Finanzas se indica que «es la Ley General de Electricidad la que habilita la opción de los usuarios no regulados. Eso no está en discusión».

Sin embargo, el mismo documento, dice que «lo que está en discusión es si en el momento que enfrentamos, tomar la decisión de seguir aplicando la ley «es una política correcta».

Cuestionaron los técnicos que las autoridades no hayan utilizado ese mismo argumento para desmontar los precios de la generación establecidos en la capitalización, y hayan preferido buscar una salida que amarró los precios de la generación eléctrica por quince años, para evitar afectar los beneficios de que disfrutan esos generadores en contratos cuya legalidad fue cuestionada por algunos técnicos bajo el argumento de que no se cumplieron los procedimientos legales correspondientes.

Además, se cuestionó el argumento de que los clientes no regulados no convienen al mercado porque se tendrían que aumentar las tarifas al resto de los usuarios del sistema.

Sin embargo, se aclaró que cuando se emitió la ley, ya las distribuidoras estaban con el control del sistema y sabían de los derechos de clientes no regulados, al extremo de que los mismos distribuidoras se encargaron de captar una parte ellos ofrecieron mejores tarifas

También se planteó que el argumento de que se debe aumentar la tarifa cuando se da un tratamiento competitivo a los industriales, contribuye a perpetuar la ineficiencia en el mercado porque en esas condiciones las distribuidoras nunca aumentarán los índices de cobranza.

«Lo importante es que suba índice de cobranza y que opere la competencia en el mercado, no que por razones coyunturales se quiera cambiar una ley para impedir que se aplique el único elemento que puede contribuir en algo a lograr un mínimo de eficiencia en el sector», se explicó.

También se cuestionó que el documento que con la aplicación de la Ley «a las grandes empresas se les rebaja sustancialmente su tarifa al permitírsele que compren directamente al generador», pero que «se autoriza al distribuidor a subir la tarifa a los pequeños, es decir, a los hogares, a las micro, pequeña y mediana empresa».

Sin embargo, el mismo documento plantea que se acepten los clientes no regulados que tengan más de 15 megavatios, que son sólo cuatro de decenas empresas que ostentan esa condición.

También se cuestiona que en el caso la eliminación de la exención al combustible utilizado por los autogeneradores, se argumente que es un decreto el que define que los autogeneradores son aquellos que dispongan de una capacidad efectiva de 4 megavatios o más.

Y que por lo tanto, nada impide que ese decreto sea cambiado por otro que lleve esa capacidad de 4 a 15 megavatios.

Se explicó que si se tomara como válido este argumento, entonces habría que descartar que las empresas se apoyen en decretos para tomar decisiones de inversión, porque estos no ofrecen seguridad jurídica.