Dos de los aspectos que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reclama que se anulen en el proyecto de Ley de Fideicomiso Público son los que permiten a la fiduciaria establecer el monto de las contrataciones o licitaciones, y el que las faculta a contratar deuda para la administración de bienes del Estado sin la autorización del Congreso Nacional.

La confrontación que generó esta semana este proyecto de ley del Poder Ejecutivo entre los legisladores del PLD y los del oficialista Partido Revolucionario Moderno se centra en que la oposición afirma que el Gobierno lo utilizará para privatizar los bienes del Estado y en respuesta, los perremeístas indican que el PLD le teme a la regularización de los procesos administrativos.

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El proyecto ya fue probado en el Senado de la República. Está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, donde ser espera que conocido en las sesiones convocadas para los días 10, 11 y 12 de enero del próximo año.

El carácter del fideicomitente es respecto a los bienes o derechos que formen parte de patrimonio, con el objetivo de gestionar, implementar o ejecutar obras, bienes, servicios o proyectos de interés público. El patrimonio del fideicomiso es del Estado y las operaciones fiduciarias, de acuerdo al artículo 5 del proyecto de leyes, tienen participación pública.

La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo, a través de sus entes públicos, actuando en calidad de fideicomitente, fideicomisario o beneficiario, podrá concertar contratos de fideicomiso público, de conformidad con las disposiciones de esta ley. El Poder Ejecutivo es quien concertará contratos de alianzas público-privadas.