POR RADHAMES GONZALEZ
Un segundo caso de abogados que utilizan nombres de personas fallecidas para demandar, a nombre de estos, fue detectado en la Tercera Cámara Civil y Comercial del municipio de Puerto Plata, donde los denominados “abogados de los difuntos” demandan el levantamiento de una oposición al pago de valores en distintas entidades bancarias.

La “mafia”, que integrarían abogados en ejercicio, ya fue detectada en un primer caso en un tribunal de la ciudad de San Cristóbal. Los abogados que operan una mafia en esa ciudad sería la misma que actúa en Puerto Plata.

El fallecido, cuyo nombre habrían utilizado “los abogados de los muertos”, desapareció “misteriosamente” en octubre de 1999, en un caso que es objeto de investigación por parte del departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, en Santo Domingo.

De acuerdo a la denuncia, “los abogados de los muertos” habrían dado seguimiento e incoado un embargo retentivo que en vida poseía el difunto.

Seis años después retoman el caso a nombre del fallecido y reclaman el levantamiento de una oposición al pago de valores que éste poseía en varios bancos comerciales.

“Estos podrían ser los mismos abogados que postulan con casos similares en San Cristóbal, Santiago y otras ciudades del país, a nombre de otra difunta”, dijo una fuente ligada a la investigación. De acuerdo a los informes, a este tipo de “mafia” se habrían “agregado nuevos abogados que tratan de hacer fortuna utilizando las formas más viles para litigar”.

Se dieron a conocer los nombres de varios abogados que se presentaron a San Cristóbal diciendo que son apoderados de la señora ya fallecida.

“En la Cámara Civil de Puerto Plata los abogados de los muertos obtuvieron en una demanda en referimiento la ordenanza civil número 271-2005-30, de fecha 26 de julio del 2005, beneficiando al difunto señalado, con un levantamiento de embargo”, señalaron.

Este proceso que se conoció en la Cámara Civil y Comercial de Puerto Plata, fue iniciado a nombre del difunto y se notificó mediante acto de alguacil número 181-2005, de fecha 17 de mayo del mismo año.

Al efecto se hizo “una demanda en referimiento en nulidad y levantamiento de oposición al pago de valores”, que fue luego notificado mediante el acto número 610-2005, de fecha 20 de agosto del 2005, donde siempre, a nombre del difunto, “notifican la sentencia que consiguieron”.

 Si no todos, por lo menos “en la mayoría de los actos de alguacil se han utilizado números de cédulas falsa, según se pudo investigar en la Junta Central Electoral.”