Hoy 
POR DIEGO PESQUEIRA
La Procuraduría General de la República no pudo interrogar ayer al abogado Francisco Taveras, del consejo de defensa de Pedro Franco Badía, con relación a un documento falsificado de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en el cual se hace referencia a una supuesta negociación para favorecer a su cliente por la suma RD$5.5 millones en el caso de Plan Renove.
Ante la ausencia de Taveras, la Procuraduría dispuso que fuera debidamente citado mediante acto de alguacil. El doctor Frank Soto, procurador interino de la República, informó que Taveras, quien es el abogado de Franco Badía, sería interrogado en horas de la mañana de ayer, pero no se presentó.
En la correspondencia falsificada, dada a conocer por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, la firma del doctor José Arturo Uribe Efres fue falisificada, para hacer creer que éste le estaba proponiendo un arreglo a Franco Badía, Milcíades Amaro Guzmán y Antonio Marte, para descargarlos del expediente del Plan Renove.
El procurador interino adelantó que como Ministerio Público se constituirá en parte civil contra todos los que resulten implicados. Dijo que el abogado Taveras tendrá que decir quién y cómo llegó la carta hasta el doctor Franco Badía. La carta con la firma falsificada está dirigida a Guzmán, Marte y Badía.
Subero Isa explicó que el documento le fue entregado al doctor Uribe Efres por el abogado Francisco A. Taveras, quien a su vez lo habría recibido del doctor Franco Badía.
La carta a nombre de Uribe Efres, con su firma falsificada, dice que éste se reunió con los jueces de la provincia Santo Domingo, doctores Hiroíto Reyes, Manuel Pérez García, Muñiz Almonte y Enrique Marchena, con quienes habría acordado liberar de cargos y compromiso penal a las citadas personas, a cambio del pago de cinco millones 500 mil pesos.
Subero Isa dijo que el documento en sí resulta un contrasentido, toda vez que los jueces señalados no forman parte de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo, que fue la apoderada del caso.
Dijo que es un contrasentido también, porque el doctor Uribe Efres como presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito no tiene autoridad judicial ni ningún tipo de poder en los jueces de la provincia Santo Domingo.
