Ciudad Altenativa expresó hoy que el presidente Danilo Medina reprobó la materia en política de construcción de viviendas, pues cuando el déficit habitacional supera los dos millones, las que construirá el actual Gobierno apenas representarían un 7 por ciento de esta cifra, si lograra terminar las que están en ejecución.

«La actual política de construcción reproduce el modelo personalista y asistencial típico de las políticas sociales en República Dominicana. La ausencia de planificación se manifiesta en el carácter paliativo de las intervenciones del Ejecutivo, respondiendo solo ante desastres naturales o al auxilio puntual en condiciones extremas de habitabilidad», revela un comunicado de la institucón.

Agrega que la construcción del Estado Social que consagra la Constitución exige que el Estado asuma su rol protagonista de garantizar el acceso a la vivienda a familias dominicanas empobrecidas.

Sostienen que bajo el actual contexto de asistencialismo y privatización de la política habitacional, la construcción de «vivienda popular» corre el peligro de ser cooptada por el interés partidista que marcan los ciclos electorales y en el caso de las rentas medias, sujeta a la vorágine de la especulación del mercado y las dificultades del acceso al crédito.

Incongruencia entre el discurso y la ejecución. «En su discurso, Medina hace mención a los casi 9 mil mejoramientos o reconstrucciones de vivienda realizados por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), mientras que, según fuentes de esa institución, apenas se registran 2,904 mejoramientos o reconstrucciones (apenas el 32 por ciento de la cifra que señala el Presidente al cierre de 2014», cuestionan.

En lo concerniente a los 18 proyectos habitacionales, la cifra no concuerda con las que programó el INVI para 2014, ya que solo fueron 11 proyectos en este renglón. El INVI reporta apenas 1,448 viviendas terminadas en 2014, sumadas a las 11, 500 de la Ciudad Juan Bosch anunciadas por el Presidente para el 2016, se pone de relieve que la producción de viviendas pautadas bajo esta administración es insignificante frente la magnitud del déficit habitacional que supera los 2 millones de viviendas en todo el país.

Poca transparencia sobre inversión. En la última década se registra un gran desmonte de la inversión pública directa en proyectos habitacionales. El boletín No. 5 del Observatorio de Derecho a la Ciudad revela que en 2008 la inversión al sector era de RD$ 8,674.2 millones, mientras que en 2013 se redujo a 943.4 millones. Resaltan que en el 2015 la falta de transparencia de la información sobre inversión en vivienda se ha acrecentado.

El Presupuesto General del Estado 2015 solo le asigna al INVI RD$ 373.4 millones, es decir, apenas una tercera parte del monto asignado para el año 2014. El comunicado sugiere explicar de dónde saldrán los recursos para la construcción de los 15 proyectos adicionales que según el Presidente, el INVI entregará este año.

Fideicomiso solo beneficia una minoría. Por otro lado, el Presidente mostró como logro el aumento de un 14.5 por ciento de los créditos para la adquisición de vivienda y el impulso sin precedentes a la vivienda popular de la mano del desarrollo del mercado hipotecario y la nueva ley de fideicomisos. En este sentido, Ciudad Alternativa recordó que la Ley 189-11 que enarboló el discurso del presidente sitúa como principal responsable de la vivienda al sector inmobiliario y financiero privado.

Por otro lado, los requisitos para acceder al mercado hipotecario previstos son extremadamente excluyentes al obligar a ser asalariado formal, contribuyente al sistema dominicano de pensiones y tener un ingreso superior a tres salarios mínimos según lo articulado.

“Teniendo en cuenta que el 70 por ciento de las familias dominicanas que trabajan formalmente perciben menos de RD$ 17.300 y que el 80.8% gana menos de tres salarios mínimos, solo un 19 por ciento de las familias dominicanas con trabajos en el sector formal pueden acceder al mercado hipotecario. ¿Qué vivienda popular estamos fomentando y para quién?”.

A modo de propuesta, Ciudad Alternativa planteó la necesidad de volver a situar al Estado como garante del derecho a la vivienda en el país mediante un aumento de la inversión pública y de la asunción del liderazgo en la materia que tienen algunas instituciones como el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI). Rol fundamental a la hora de construir y mejorar vivienda para población empobrecida que ninguna entidad, privada o pública, está asumiendo actualmente.