El fideicomiso implementado en el proyecto de viviendas de Ciudad Juan Bosch es un modelo a replicar, ya que permite manejar la titulación de la tierra, uso de suelo y el financiamiento para la construcción. Sin embargo requiere garantizar los servicios y oportunidades económicas a las familias que allí van a residir.
La consideración fue hecha por Mónica Ramírez, directora de Vivienda y Asentamientos Urbanos de Hábitat para Latinoamérica y el Caribe, quien alabó el hecho de que ese proyecto, ubicado en Santo Domingo Este, se haya diseñado con buenos espacios públicos, peatonales y ambientales.
Sin embargo Ramírez se preguntó: ¿hasta dónde las familias que van a vivir ahí van a tener un acceso adecuado a oportunidades de empleo o van a tener desplazamientos muy grandes?”.

Reconoció que es mucho pensar que todas las personas que vivirán ahí puedan trabajar en el mismo lugar.

En torno al planteamiento de que es común que muchas personas se desplacen hacia grandes ciudades cada día a trabajar, Ramírez señaló que eso no es lo deseable, por el tiempo en el tránsito, gasto de combustible, emisión de gases e inversión estatal para construir y mantener redes viales.

“El hecho de gastar dos o tres horas de tu vida en transportarte eso no es calidad de vida”, expresó Ramírez, tras insistir en que hay que ofrecer viviendas con acceso a fuentes de empleos.
Ante el planteamiento de que aún muchos apartamentos del proyecto no han sido adquiridos, opinó que el Gobierno tendría que evaluar los incentivos para los adquirientes. También levantar viviendas para personas con diferentes niveles de ingresos.
Ciudades compactas. Previo al tema de Ciudad Juan Bosch, Ramírez indicó que se deben priorizar construcciones de viviendas en ciudades y no replicar los modelos de algunos países de la región donde se han levantado soluciones habitacionales alejadas de centros urbanos y laborales y terminaron desocupadas.
Agregó que se requiere hacer ciudades más compactas, en un territorio ordenado y propiedad de la tierra definida, ya que este último aspecto da origen a la informalidad, por lo que el Estado debe regular esa parte.
Al respecto Celso Marranzini, miembro del Consejo Internacional de Hábitat, dijo que la falta de titulación de la tierra es un problema generalizado, por lo que hay que insistir en su solución, ya que es difícil desalojar a las personas que llevan décadas residiendo en terrenos privados o del Estado.
“Creo que es un problema que el Estado tiene ya que definir y hacer que esas personas se les pueda vender”, manifestó, tras señalar que ese problema no es único del país.