El Consejo de Dirección de la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar advierte que las nuevas instalaciones que albergan a ese complejo hospitalario no pueden ser abiertas sin el aval de ese organismo y que mucho menos se puede pretender dejar fuera al personal de salud que laboraba allí al momento de ser demolido con fines de reconstrucción, el cual fue trasladado a otros centros de manera transitoria.

La decisión fue adoptada durante una reunión del organismo representativo de esta institución pública, establecido por decreto del Poder Ejecutivo.

Al ofrecer los detalles del encuentro, el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, presidente del consejo, informó que la reunión se convocó de manera extraordinaria para conocer sobre la grave situación que se presenta en la Ciudad Sanitaria, con motivo de la apertura de las nuevas instalaciones, lo cual se pretende hacer sin el aval de ese organismo, al que institucionalmente corresponde ejecutar esta tarea.

Criticó que se ha pretendido organizar las nuevas unidades a espaldas del organismo y además dejar fuera al personal que trabajó y brindó un excelente servicio a la comunidad en unas instalaciones arcaicas, como eran las del hospital Luis E. Aybar, y que está esperanzado volver a hacerlo en condiciones óptimas, que le permitirán trabajar con mayor eficiencia y dignidad.

Compromiso con el personal. “Los médicos, enfermeras y demás personal que laboraba en el hospital Dr. Luis E. Aybar, la Unidad de Quemados Pearl F. Ort y la Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid, que fueron asignados transitoriamente a otros centros de Salud Pública, deben saber que les corresponde regresar a las nuevas instalaciones y que no hay razón válida para que se pretenda postergarlos”, expresó el doctor Rodríguez Grullón.

Dijo que el próximo Gobierno a inaugurarse el 16 de agosto debe tener muy presente que ese personal fue trasladado a otras unidades de forma provisional.

También recordó que es con la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que estos nuevos centros a inaugurarse deben unirse académicamente por su condición de centros estatales de salud y en virtud de los acuerdos vigentes entre esa universidad y el Ministerio de Salud Pública.

“Sería un grave error faltar a estos acuerdos y que sean universidades privadas las que vengan a usurpar el lugar de la universidad estatal y a beneficiarse de los nuevos centros de salud”, advierte Rodríguez.