Las ciudadanas contra la corrupción (C3), pide hoy a la suprema corte de justicia, designar un juez de instrucción especial para conocer las querellas y procesar judicialmente al Senador Feliz Bautista.
También esta organización explicó que en abril del presente año, tomaron las palabras del presidente Danilo Medina, quien en una de sus alocuciones había indicado a la opinión pública, que instaba a aquellos ciudadanos/as que tenían pruebas contra el Senador a que se quejaran y que encausaran sus descontentos ante los Tribunales de la República.
Asimismo, afirmó que procedieron a someter una reclamación por soborno transnacional ante la Suprema Corte de Justicia, ya que el Director de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), se había constituido en una retranca en la lucha anticorrupción.
El movimiento informó que en los próximos días presentarán nuevas acciones legales contra varios funcionarios, que aparándose en sus cargos en la Administración Pública buscan obstruir los debidos procesos judiciales y menoscabar la lucha que libra un sector del Ministerio Público y la sociedad Dominicana.
la querella que interpusimos fue remitida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia hacia la DPCA, marcando con esto el inicio de una intención certera de que el caso no fuera investigado y muchos menos procesado. dijo
Al igual que junto con esta demanda, otros grupos civiles procedieron a someter otras denuncias, por la presunta comisión de otros tipos de delitos y crímenes por parte de Félix Bautista, entre ellas destacaron la que hizo la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO), que lo acusa de desfalco al erario público, amparándolas en las auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas.
C3 expresó que Bautista fue sometido a su vez por otros delitos por la Convergencia Nacional de Abogados (CONA) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quienes aportaron pruebas de diversos delitos y crímenes, incluyendo el involucramiento de Bautista en el caso Sun Land.
Declaró que el director del (DPCA), ordenó el archivo de las querellas de manera irregular y sin ninguna razón jurídica vàlida, ya que nunca se llevó a cabo una investigación real del caso, porque sólo se limitó a entrevistar al acusado tomando su palabra como la verdad absoluta, sin exigirle prueba alguna de sus afirmaciones, cosa que indignó a la ciudadanía en general.
Ademas, dijo que en virtud de la decisión de Hotoniel Bonilla de negar el derecho a la justicia de (C3) y (ADOCCO) es que dispusieron, dentro de los plazos legales establecidos en la legislación dominicana, sus respectivas reyertas.
Sin embargo, esta corporación exige, que en la audiencia pública sobre el caso, el Dr. Domínguez Brito como represéntate máximo del Ministerio Publico, y en su calidad de Superior Jerárquico de la DPCA, proclame la Aquiescencia a las objeciones presentadas por las entidades, dándole la oportunidad al nuevo Procurador General de la República de enmendar los pasos del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción.